Llarena pregunta a la Fiscalía si la malversación de Puigdemont afecta a intereses de la UE y queda excluido de la amnistía
El juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, consultó a los fiscales del caso si la malversación atribuida al expresidente catalán Carles Puigdemont afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y, por lo tanto, quedaría excluido de la amnistía. La decisión recoge que se mantiene la orden de detención contra Puigdemont, los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Llarena da cinco días a la Fiscalía, a Vox -quien ejerce la acusación popular- y a las defensas para que opinen sobre la aplicación de la amnistía a los hechos imputados a los acusados. También solicita que se pronuncien sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares contra los líderes independentistas.
Finalmente, el magistrado pide a las partes que informen si el delito de malversación puede considerarse «excluido» de la amnistía debido a la disposición del legislador que establece que los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea quedan fuera de la amnistía.
Los cuatro fiscales del caso -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno- expresaron su opinión el 30 de mayo después de reunirse con el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Al finalizar la reunión, presentaron un documento en el que señalaban que no apoyaban la aplicación de la amnistía a Puigdemont por malversación.
En el documento, los fiscales argumentaron que Puigdemont actuó con ánimo de lucro y que sus acciones afectaron a los intereses financieros de la UE, por lo que quedarían fuera de la amnistía. Sin embargo, consideraron que la amnistía podría aplicarse a los delitos de desobediencia pública y desorden público limitados al caso.
Los fiscales deberán informar a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal general del Estado antes de responder al juez Llarena. En caso de discrepancia con García Ortiz, podrían elevar la cuestión al Colegio de Fiscales, aunque el Fiscal General tiene la facultad de expresar su criterio después de escuchar a los fiscales, según el Estatuto.
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