El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta mañana la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña, también conocida como Ley de Amnistía, que entró en vigor en la fecha de su publicación, abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales lo apliquen.
El decreto, firmado por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge la norma que el Congreso apoyó el pasado jueves por mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de Procesando y negociaciones entre el Ejecutivo y los grupos independentistas.
La medida surgió de los pactos entre el PSOE y ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez, y pretende conceder amnistía a todos los implicados en las movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, siguió en el poder hasta el 13 de noviembre de 2023.
Incluye tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como a los del referéndum de independencia de 2017, así como el archivo de investigaciones abiertas por los posteriores disturbios contra la sentencia del Tribunal Supremo. Según el conseller de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la norma protege a 372 personas, entre ellas los dirigentes de Junts y ERC, los 12 CDR perseguidos y los investigados por el «Tsunami Democràtic», entre otros.
El proyecto de ley fue autoregistrado por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado, y aunque fue tramitado oficialmente por el procedimiento de urgencia, no vio la luz hasta más de seis meses después, después de que la semana pasada consiguiera el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a 172 del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
Desde la publicación de la ley el martes, jueces y tribunales tienen dos meses para aplicarla. Por supuesto, este período finalizará si se lleva el asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El diario oficial también abre el plazo para presentar recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya ha anunciado que lo impugnará.
