Argentina reduce la edad mínima para portar armas a 18 años.
Un decreto del presidente argentino Javier Milea redujo la edad mínima para usar, poseer y portar armas de fuego de 21 a 18 años, una medida acorde con su promesa de campaña de facilitar el acceso a ellas en un momento en que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de sus compatriotas.
La resolución fue publicada el martes en el Diario Oficial y afirma que el cambio busca «armonizar» la normativa sobre las condiciones generales impuestas a los usuarios legítimos de armas, sancionada en 1975, con el nuevo Código Civil y Comercial, que fija la edad de mayoría a los 18 años.
Al igual que otros líderes de extrema derecha, Milei se pronunció a favor de la libre portación de armas de fuego durante la campaña e incluso sugirió que se autorizara su venta en supermercados, como ocurre en Estados Unidos.
Las críticas que recibió en su momento, sumadas al rechazo de esa propuesta en las encuestas, llevaron a Milei a modificar su discurso y aclarar que como presidente sólo se preocuparía por desburocratizar los trámites de registro de armas de fuego.
El decreto fue publicado apenas un año después de asumir el poder y en línea con las crecientes denuncias de inseguridad, particularmente en los grandes centros urbanos del país sudamericano.
Según datos del Ministerio de Seguridad, en 2023 se reportaron 4.815 robos con heridos y/o muertos, más de la mitad de los cuales ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a intentos de robo, el año pasado hubo un récord de 32.503 casos en todo el país.
«No es un cambio necesario, es parte del desafío», afirmó en declaraciones radiofónicas la ex ministra de Seguridad en el último Gobierno de centroizquierda, Sabina Frederic. “Ampliar el universo de personas que pueden poseer legalmente armas de fuego. Lo que debería suceder es que cada vez menos personas tengan armas”.
El exfuncionario también advirtió sobre una «combinación explosiva» del decreto con un proyecto de ley que propone lavar armas de fuego adquiridas ilegalmente y permitir a su poseedor conservarlas durante un año sin el debido proceso.
Según datos de expertos, se estima que hay cuatro millones de armas en circulación ilegal en el país, que tiene 45 millones de habitantes.
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