El Ingreso Mínimo Vital sólo alcanza al 8,3% de la población que se encuentra por debajo del umbral de pobreza en Canarias.
La Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales advirtió el lunes que, cuatro años después de la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación solo llega al 8,3% de la población canaria que vive por debajo del umbral de pobreza, siendo la segunda comunidad con menor cobertura, solo por delante de Baleares (5,9%).
Los datos de abril muestran un total de 28.227 familias beneficiadas por el IMV en las islas y 66.775 personas físicas, lo que representa un aumento del 6,8% en comparación con las que recibían la renta mínima de inserción en abril de 2019.
A nivel nacional, el IMV solo llega al 12,2% de la población en situación de pobreza, lo que lleva a la asociación a criticar al Gobierno por no establecer ninguna coordinación con los servicios sociales municipales para ampliar su cobertura.
La asociación también denunció las disparidades territoriales existentes entre las comunidades autónomas, que van desde el 24,5% de cobertura en Euskadi hasta el 5,9% en Baleares.
Los responsables de los Servicios Sociales acusaron al gobierno de no cumplir con el objetivo de llegar a las 850.000 familias en extrema pobreza en el país en unos meses. Mientras tanto, persisten las «colas» del hambre, lo que debería avergonzar a los dirigentes según la asociación.
Según datos recogidos en abril, 589.948 familias se beneficiaron del IMV, con un total de 1.771.480 personas. El Grupo recordó que el IMV incluye la renta básica de subsistencia para familias con ingresos inferiores a los garantizados, así como el complemento de manutención infantil.
Las familias que reciben la renta básica de subsistencia por ingresos inferiores a la «renta garantizada» son solo 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española. También se señaló que la cobertura actual solo alcanza el 46,2% de la pobreza severa.
A nivel territorial, se destacaron las grandes diferencias en la implementación del IMV entre las comunidades autónomas, con algunas superando el 20% de cobertura y otras sin llegar al 10%.
Ante estos datos, la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales considera necesario un mayor impulso para incorporar el IMV a la gestión de los servicios sociales de atención primaria. Lamentan la falta de coordinación por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, lo que ha dificultado el acceso al IMV para muchas familias en situación de vulnerabilidad.
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