El Gobierno Vasco y los Colegios de Abogados han firmado un convenio de asistencia jurídica a los internos de los centros penitenciarios del País Vasco. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y contará con una provisión de 342.984 euros para este año, en comparación con los 160.992 euros destinados el año pasado para este fin.
El convenio se enfoca en brindar asesoramiento inicial gratuito y orientación a personas privadas de libertad en asuntos legales, excluyendo la intervención en procesos judiciales ya abiertos.
En virtud de este acuerdo, los presos podrán recibir información sobre los requisitos para acceder a la asistencia jurídica, orientación sobre el ordenamiento jurídico penitenciario (clasificaciones, procedimientos sancionadores, notificaciones, traslados, etc.) y ayuda en la presentación de documentos y recursos ante las autoridades correspondientes.
Otro aspecto en el que se brindará asesoramiento es en la representación y defensa de los presos en los procedimientos judiciales ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Las actividades se llevarán a cabo en horario de tarde durante la semana, con la presencia diaria de un abogado del turno de asistencia jurídica penitenciaria en cada Centro Penitenciario (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco realizará evaluaciones con los internos para medir su satisfacción con los servicios recibidos, cuyos resultados se transmitirán a los Colegios de Abogados.
Los colegios elaborarán un informe trimestral que incluirá datos estadísticos sobre los internos atendidos y el tipo de consultas y asistencia proporcionada, entre otros compromisos.
El acuerdo también establece la realización de conferencias penitenciarias de forma rotativa en cada territorio histórico, a las que podrán asistir todas las personas y entidades relacionadas con el trabajo en el ámbito penitenciario.
A diferencia de otras comunidades autónomas que carecen de un recurso similar, el Servicio de Asistencia Penitenciaria está activo en Euskadi desde 1987, cuando comenzó en Basauri, ahora conocido como Centro Penitenciario de Bizkaia. Posteriormente, en 1989, se extendió a Martutene, actual Centro Penitenciario de Gipuzkoa, y a Nanclares de la Oca, cerrado y trasladado al Centro Penitenciario de Álava.
Hasta el momento, no existía un instrumento que estableciera las condiciones y pautas de colaboración entre la Administración Penitenciaria de Euskadi y los colegios, situación que se corrige ahora con este acuerdo.
