Preocupación por aumento de la siniestralidad laboral trasladada a Barbón
Los secretarios generales de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, se reúnen este miércoles con el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, para expresarle su preocupación por el aumento de la siniestralidad laboral y solicitar medidas urgentes de prevención y control.
En declaraciones previas a la reunión, Lanero mencionó el accidente laboral del martes en Gozón para lamentar que los accidentes estén volviéndose «habitual» y destacó la importancia de aumentar el personal de la inspección de trabajo.
También se refirió al acuerdo con el Gobierno que incluye la realización de revisiones de los servicios externos de prevención. «Es necesario auditarlos», afirma, señalando que el 90% de las empresas en Asturias utilizan servicios de prevención de terceros. «Es abuso de este tipo de subcontratación», añade.
Además, considera fundamental auditar aquellas empresas con índices importantes de accidentabilidad, no solo en casos de víctimas mortales, «para analizar qué protocolos están siendo utilizados».
«Venimos hoy a ver al presidente para coordinar la implementación de todos estos procesos de trabajo y también acordamos con el Gobierno cubrir todas las vacantes del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales», comentó.
Para Lanero, «es evidente que los accidentes continúan» y llama a la acción. «Queremos detener este alto nivel de accidentes y de mortalidad», afirma.
En la misma línea, Zapico insta a los empresarios a «poner fin a esta flexibilización». «Sería importante establecer un plan de choque en las empresas propuesto por el propio patronato, para que los empresarios asturianos refuercen la vigilancia y las medidas de seguridad y salud», sugiere.
Para el líder de CCOO, se vive una situación «dramática e insostenible». «En Asturias llevamos dos meses negros y parece que no tienen fin», critica, asegurando que «es hora de activar todas las alarmas, establecer medidas desde la administración pública y también desde las empresas».
El objetivo, señala, debe ser «garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores», pidiendo un pacto contra la siniestralidad laboral e instando a la administración a presentar denuncias en casos de accidentes graves, muy graves y mortales, con pruebas de negligencia empresarial.
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