La Guardia Civil y los cuatro empresarios acusados de «complot de favores» son absueltos en Valladolid
El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid emitió una sentencia absolutoria en el caso de los cuatro empresarios y el agente de la Guardia Civil que estaban siendo procesados por delitos de tráfico de favores y revelación de secretos, según fuentes jurídicas informaron a Europa Press.
El juez dictó la absolución en una breve sesión este martes, con la aprobación tanto del Ministerio Fiscal como de las dos acusaciones populares involucradas en el proceso, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y el Sindicato de Oficiales (UO). Todo esto como resultado de los hechos derivados del caso conocido como «Operación Rosado», que anteriormente había absuelto a más de una veintena de acusados de estupefacientes y pertenencia a grupo criminal.
La decisión de absolver a los veintitrés acusados de narcotráfico y pandilla impactó directamente en el proceso por denuncia de irregularidades y tráfico de influencias contra el agente del Instituto Armado y los otros cuatro imputados en el caso derivado del anterior.
La absolución se dio a conocer el 27 de mayo de 2022, el mismo día en que estaba programado el inicio del juicio contra los cuatro empresarios y el guardia civil, pero fue suspendido debido a la situación excepcional invocada. La suspensión se mantuvo a la espera de la decisión final de la Audiencia Provincial, que ratificó la absolución en enero de 2023.
Con la firmeza de la absolución en el caso ‘Rosado’, el juez de lo penal 1 volvió a convocar la vista contra el agente de la Guardia Civil y los cuatro empresarios, y acordó absolver a los cinco acusados en una breve audiencia de no más de cinco minutos.
Las absoluciones se originaron a raíz de la anulación de las escuchas telefónicas autorizadas por el juez de instrucción número 1 en 2017, que desencadenaron la «Operación Rosado» y una segunda investigación contra el agente y otros cuatro implicados en un presunto esquema de favores.
Las conversaciones interceptadas sugerían que el agente de la Guardia Civil intentaba influir, a cambio de dinero y regalos, en diversas autoridades y funcionarios para obtener beneficios para terceros, acciones que eran incompatibles con su condición de agente de autoridad.
FUENTE
