El Tribunal Constitucional se dispone a aprobar la reforma que permite a los menores de 16 y 17 años abortar sin necesidad de contar con el permiso de sus padres.
El Tribunal Constitucional se prepara para aprobar esta semana la reforma legal aprobada en 2023 que permite a jóvenes de 16 y 17 años abortar sin permiso de sus padres, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Estas fuentes indican que previsiblemente el pleno del tribunal de garantías debatirá y aprobará el proyecto de sentencia que redactó la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien alega que la norma es constitucional.
En este sentido, se espera que la mayoría progresista del tribunal desestime el recurso presentado por los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que modificó la ley aprobada en 2010.
Los de Santiago Abascal llevaron la ley al Tribunal Constitucional al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, así como los derechos a la vida, la igualdad y la libertad ideológica.
En febrero de 2023, el Congreso aprobó finalmente la reforma que concedía a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de permiso paterno, aspecto sobre el que el TC no se pronunció en 2023 al resolver el recurso del PP de 2010. la ley, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.
La reforma también eliminó los tres días de reflexión y protegió el aborto de protocolos antiaborto como el propuesto por Vox en Castilla y León.
Por otra parte, también está previsto que el Pleno estudie un recurso de Vox contra la ley de igualdad de trato y no discriminación, conocida como «Ley Zerolo». Las fuentes consultadas señalan que el proyecto de sentencia, de la jueza María Luisa Segoviano, propone la aprobación del texto legal.
Los de Vox impugnaron la norma en la anterior legislatura al entender que vulnera la Constitución al atacar el derecho de los padres a elegir la educación que prefieren para sus hijos, al excluir de la financiación pública a todos los centros educativos que separan a los alumnos por sexo.
La llamada «Ley Zerolo» establece que «nadie puede ser discriminado por motivos de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, creencia u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, condición socioeconómica». o cualquier «otra condición o circunstancia personal o social». Y los principales ámbitos que regula son el trabajo, la educación, la salud y la vivienda, aunque también proporciona mecanismos en otros como la justicia o la administración.
El Tribunal Constitucional también estudiará el recurso que Unidas Podemos interpuso en la anterior legislatura junto a diputados de ERC, EH Bildu, CUP, Compromís, Más País y Junts contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998. sobre planificación y coordinación del transporte urbano en la Comunidad de Madrid.
Esta ley, según la formación «violeta», que la denomina «Ley Uber de Ayuso», debería haber cumplido con la obligación de regular las autorizaciones para realizar transporte urbano a las VTC, respetando las competencias municipales en materia de transporte urbano.
Algo que, a su juicio, no ocurrió, ya que «prescinde de los mínimos legales e invade claramente las competencias municipales en materia de transporte urbano, concediendo autorización para realizar transporte urbano a todas las VTC con autorización nacional en la Comunidad de Madrid», dijeron a Europa Press fuentes del grupo ‘violeta’.
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