El Supremo decidirá sobre la renovación de García Ortiz como fiscal general.
El Tribunal Supremo (TS) estudiará si cancela la renovación de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado el próximo 28 de enero, un día antes de que se declare investigado ante el juez Ángel Hurtado por la supuesta filtración denunciada por Alberto González Amador, el amante de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que los jueces de la Sección IV de la Sala de lo Contencioso Administrativo deliberarán ese día sobre la impugnación presentada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2022, a García Ortiz como titular del Ministerio Público.
APIF alega que García Ortiz «no está capacitado para desempeñar, de acuerdo con la Constitución, las funciones que le asignan, incluido el liderazgo de todos los fiscales de España», por su actuación desde que fue elegido para este cargo en 2022, según indicó en febrero de 2024 en una nota de prensa, recogida por Europa Press.
La asociación menciona la anulación de nombramientos de fiscales en el tribunal por abuso de poder, como en el caso de Dolores Delgado García, su antecesora en el cargo. También señala que una vez renovado por el Ejecutivo en el cargo de fiscal general, decidió «pegar» al Consejo Fiscal la posibilidad de realizar el informe que el Senado había solicitado sobre el proyecto de ley de amnistía.
Señala también que el Estatuto Orgánico del Ministerio Público establece en su artículo 29 que el candidato al cargo de fiscal general debe ser un jurista de reconocido prestigio, requisito que, para APIF, «si bien podría haber ocurrido» en García Ortiz, «cae desde el momento en que fue condenado por la Corte Suprema, como una autoridad que actúa con abuso de poder, utilizando sus atribuciones para un fin distinto al establecido por la ley».
APIF destaca que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, por lo que “no se puede trasladar a la ciudadanía, con designación de la FGE, máxima instancia del Ministerio Público, que quede en o en la órbita. del Ejecutivo». Y demuestra que coincide con que el Consejo General de Justicia (CGPJ) le considere no apto para el cargo.
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