Investigación de Ábalos por el Tribunal Supremo aceptada por el Congreso

Investigación de Ábalos por el Tribunal Supremo aceptada por el Congreso

El pleno del Congreso tendrá que aprobar el levantamiento de la autoridad en una sesión posterior, la cual aún no tiene fecha.

La Comisión para el Estatuto del Diputado respaldó por unanimidad este martes la admisión de la solicitud solicitada por el Tribunal Supremo para investigar al ex ministro socialista José Luis Ábalos en el llamado «caso Koldo». La decisión deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso en una futura sesión.

Tras una hora de reunión a puerta cerrada, el presidente de la comisión, Manuel Cobo, del PP, anunció el resultado de las deliberaciones, resaltando que la decisión fue tomada por unanimidad y con la presencia de todos los grupos parlamentarios. Durante los últimos 35 años, se han aceptado todas las solicitudes.

Cobo considera que «se ha realizado un buen trabajo», se han completado «todos los trámites» y se le ha dado audiencia al diputado afectado, quien no solo ha ofrecido explicaciones verbales el lunes, sino que también ha presentado 88 páginas de alegaciones.

Ante la comisión, el exministro y ahora diputado del Grupo Mixto afirmó que fue objeto de un «operativo» para intentar implicarlo en el caso de su exasesor Koldo García y que la policía judicial lo investigó de manera irregular, sin el permiso del Congreso. El informe de la comisión señalará que el afectado alega que hubo irregularidades en el proceso.

Una vez aprobado el dictamen favorable al levantamiento de la autoridad, el siguiente paso será su aprobación en el Pleno del Congreso. El reglamento establece que deberá votarse en el próximo pleno ordinario, programado para febrero cuando comience una nueva sesión, aunque no se descarta que la Mesa o la Junta de Portavoces adelanten el procedimiento y lo incluyan en la sesión plenaria prevista para el 22 de enero para la validación de decretos-leyes.

Por supuesto, el debate y la votación de las solicitudes en el Pleno del Congreso tampoco son públicos, sino que se llevan a cabo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir las instrucciones de voto, ya que este es secreto. Solo se anuncia el resultado.

En un plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Sala para otorgar o denegar la autorización solicitada, Armengol la elevará a la autoridad judicial, advirtiéndola de la obligación de comunicar a la Sala las resoluciones y sentencias que dicte y que afecten personalmente al diputado.

Hasta el momento, el Congreso ha aprobado 33 solicitudes y rechazado 14 (dos de ellas relacionadas con el mismo diputado). La última negativa del Congreso se remonta a 1988 y se refiere a una disputa por el derecho al honor que enfrentaba al ex ministro socialista José Barrionuevo y al hermano de un etarra (hoy arrepentido Soares Gamboa) por incluir fotografías suyas en carteles del Interior.

La última solicitud que fue aprobada se remonta a septiembre de 2022, cuando la Sala dio luz verde al Tribunal Supremo para investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de malversación y peculado, relacionados con los contratos que firmó como alcalde de la ciudad de Trujillo (Cáceres).

En esa legislatura también se presentaron solicitudes contra la expresidenta de Junts Laura Borràs, quien fue condenada por dividir contratos a favor de una amiga durante su tiempo como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y contra Alberto Rodríguez, quien fue diputado de Can. El Tribunal Supremo lo condenó por agredir a un policía en una manifestación antes de convertirse en diputado. Fue multado e inhabilitado para las elecciones, perdiendo así su escaño, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero no pudo recuperar su certificado.

En legislaturas anteriores se autorizó a tres diputados del PP -Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte- a ser juzgados por liderar positivos, y el precedente fue el que permitió investigar al «popular» Jesús Merino por el «Caso Gürtel». El caso del ex concejal socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no se completó debido a la renuncia del afectado.

Además, entre las solicitudes aprobadas destacan las del ex ministro socialista José Barrionuevo por el «caso GAL» o las de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes ocurridos en 1981 en la Casa de Guernica de la Asamblea, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto presidido por los reyes.

FUENTE

nuevaprensa.info

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