El PSOE reactiva proyecto de ley de entidades privadas en servicios sociales
El grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón revivió el proyecto de ley de entidades privadas de servicios sociales debido a la falta de iniciativa y gestión improvisada del Gobierno autonómico de Jorge Azcón. El PSOE registró la iniciativa esta mañana.
La importancia de esta norma radica en la exigencia de hacer de la calidad un elemento central de la acción social, una exigencia ética en un sistema de protección social que satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos en las diferentes etapas de su vida.
Según la portavoz socialista de Asistencia Social y Familia, Pilimar Zamora, el anterior Gobierno de Javier Lambán lo registró por primera vez en las Cortes de Aragón en 2018, pero declinó al final de la legislatura, pese a estar en avanzado estado de tramitación. El desarrollo de esta iniciativa está previsto en la legislación autonómica de 2009.
Tras la pandemia, y a raíz de las conclusiones del dictamen de la Comisión de Estudio sobre la reestructuración de los centros de atención a mayores en Aragón, que establecía la necesidad de aprobar esta ley, el anterior Ejecutivo reabrió en 2021 un proceso de participación que culminó en la presentación de este proyecto de ley en enero de 2023.
Para el diputado socialista, «la falta de planificación y de proyecto del Departamento de Bienestar Social deriva en una gestión improvisada». Se ha considerado que ante los acontecimientos de los últimos meses, como el cierre del centro de menores de Ateca (Zaragoza) o el trágico suceso ocurrido en la residencia de Villafranca de Ebro (Zaragoza), vuelve a poner de manifiesto la necesidad de revisar las condiciones materiales y funcionales de los centros de servicios sociales, así como las condiciones laborales de sus trabajadores.
Para el parlamentario, esta ley responde a la configuración del sistema de servicios sociales, en el que conviven iniciativas públicas y privadas; actualiza el requisito de autorización en la prestación de servicios y regula la acreditación de entidades privadas como requisito para poder colaborar en la prestación de servicios públicos.
A su juicio, este proyecto de ley «es el paraguas bajo el cual se debe hacer todo ese desarrollo normativo flexible, respetuoso con los derechos de las personas», entre el que se encuentra la modificación del Decreto 111, que data de 1992 y en el que todos los grupos comparten la necesidad de una nueva regulación con urgencia.
Además, «necesita responder a un modelo más centrado en las personas», más personalizado y basado en la calidad, los derechos y la atención a las personas mayores, personas con discapacidad, menores, personas en situación de exclusión social y otros colectivos vulnerables que se ven afectados por los servicios de los servicios sociales.
«Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día importante para este colectivo, por lo que cobra más sentido la presentación de esta iniciativa, fundamental para emprender un desarrollo normativo que atienda sus necesidades y les garantice una vida independiente. términos con otras personas Y esta es la primera piedra”, concluyó Pilimar Zamora.
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