El Juzgado de García Castellón supervisa las comprobaciones de la Fiscalía Europea en el «caso Begoña Gómez»
El Juzgado Central de Instrucción número 6, a cargo del juez Manuel García Castellón, tiene la tarea de supervisar los controles realizados por la Justicia Pública Europea antes de decidir si se investigan indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con premios públicos financiados con fondos europeos.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Fiscalía Europea está analizando posibles indicios de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Una de las primeras acciones supervisadas por el juzgado fue la comparecencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Red.es para recabar información sobre contratos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés por orden de la Fiscalía Europea.
La intervención de los agentes se produjo después de que la Fiscalía Europea se interesara por el caso el 26 de abril y solicitara al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que admitiera a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez si los contratos afectados estaban financiados con fondos europeos.
En un decreto del 26 de abril, la Fiscalía Europea solicitó al juez Juan Carlos Peinado información sobre los hechos investigados y si la UTE Innova Next SLU – The Valley Business School, propiedad de Juan Carlos Barrabés, estaba implicada en los contratos señalados por Manos Limpias como beneficiario de las recomendaciones de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate indicaron en el decreto que la Fiscalía Europea «puede, en su caso, ejercer su competencia» para investigar los contratos si lo considera necesario, por lo que solicitaron al juez que les enviara la documentación correspondiente.
La figura del juez de garantía se estableció en cumplimiento del reglamento europeo relativo a la Fiscalía Europea, otorgándole facultades como autorizar procedimientos de investigación que restrinjan derechos fundamentales, acordar medidas de protección personal, asegurar la fuente de las pruebas, autorizar el secreto de la investigación, entre otras.
Es importante destacar que desde marzo, el mismo magistrado fue designado como juez de garantía en la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados durante la primera etapa de la pandemia por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Baleares en una presunta trama relacionada con el suministro de mascarillas.
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