El IMSERSO condenado a pagar 800.000 euros por víctima de talidomida
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Madrid ha condenado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) a pagar las ayudas establecidas en el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, de talidomida, a una víctima no reconocida por dicho decreto, por un monto de 748.000 euros.
Esta decisión se produce después de que el Tribunal Supremo declarara la nulidad de la obligación impuesta a los afectados por talidomida de someterse a un nuevo examen para recibir ayuda, aunque ya estuvieran reconocidos por una Administración como afectados por este fármaco.
El abogado Ignacio Martínez, representante de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), ha llevado este caso que abre la posibilidad de reconocer las ayudas a cientos de socios de la asociación que no habían recibido ayuda debido a criterios impuestos por el Real Decreto.
En junio del año pasado, el Tribunal Supremo anuló la obligación de someter a las víctimas de talidomida a un nuevo control para recibir ayuda, aunque ya estuvieran reconocidas por una Administración como afectadas por la droga.
Los magistrados admitieron parcialmente los recursos presentados por AVITE y cinco personas reconocidas por la Junta de Andalucía como víctimas de la talidomida, declarando la nulidad de ciertos artículos del Real Decreto que imponían la obligación de someter a los afectados a un nuevo examen.
El Tribunal Supremo señaló que el Real Decreto imponía un requisito no previsto en la ley, lo cual violaba el principio de jerarquía normativa. Aunque el Estado puede establecer ayuda para los afectados por la talidomida y regular los medios para verificar su condición, no puede ignorar los actos de reconocimiento realizados por las comunidades autónomas en el pasado.
FUENTE
