CyL, Galicia y Aragón se benefician de aumento presupuesto dependencia.
Denuncia que el Gobierno aumentó su aportación por dependencia un 138% frente al 9% de las CCAA, siendo Galicia la base de las inversiones por dependiente.
Castilla y León, Galicia y Aragón «ganaron dinero» con el incremento del presupuesto de la dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria. Así se desprende de un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Directores de Servicios Sociales, según el cual el Gobierno español incrementó su aportación a la Agencia durante el periodo un 138% frente al incremento del 9% de las comunidades autónomas.
Así, de todas las comunidades autónomas, tres redujeron el gasto en atención a personas dependientes durante el mencionado Plan de Choque: Castilla y León (-34,7) Galicia (-6,4) Aragón (-3,2). La asociación califica de «particularmente sangrientos los recortes» que se produjeron en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas a la población potencialmente dependiente (16%), frente a la media nacional del 23%.
El estudio señala que, en 2023, la inversión pública en atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno Central (29%) y constata una «acusada desigualdad territorial», donde las comunidades que más invierten en adicciones por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). En Baleares la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; CyL, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros.
Por debajo de la media de 1.825 euros se encuentran Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros y Galicia, con 1.073 euros.
Según el informe, la proporción relativa de la financiación regional con respecto a la financiación estatal en el período 2015-2020 mostró una tendencia ascendente que se rompió en 2021, «cuando algunos aprovechan el sorprendente aumento de la financiación estatal». comunidades a retirar parte de su financiación. Así, la participación de las comunidades en la financiación disminuyó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General «refuerza la financiación del sistema». Estas reducciones de cotizaciones en algunas Comunidades Autónomas «limitaron la capacidad de impacto de los fondos del plan de choque», según la entidad.
En cuanto a las comunidades que destinan un mayor porcentaje de sus presupuestos propios a la atención de las adicciones, son el País Vasco (83,9%); Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras que la financiación autonómica media cae hasta el 71% para el conjunto de España, comunidades autónomas como La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castilla y León (63,2%) se mantienen lejos de esta cifra.
A la vista de estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gestores de Servicios Sociales puso el foco, coincidiendo con la mayoría de edad en la Ley de Dependencia, en «el incumplimiento de las Administraciones Públicas que transformaron los derechos subjetivos en derechos efímeros y en papel».
«Se trata de una política que interesa a la ciudadanía, ya que un porcentaje importante forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabarán en situación de dependencia», afirman, recordando que actualmente 292.792 personas se encuentran en listas de espera. y que cada 15 minutos muere una persona en el laberinto burocrático de la Ley.
«Lamentablemente para las 45.360 personas que fallecieron el año pasado los presupuestos no llegaron a tiempo», denunció la entidad.
