Yolanda Díaz solicita a la Fiscalía impugnar acuerdo de Madrid sobre manifestaciones de funcionarios.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solicita a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que tomen medidas contra un acuerdo de la Comunidad de Madrid, ya que considera que puede limitar el derecho de protesta de los funcionarios de la región.
Específicamente, se refiere al acuerdo del Colegio Sectorial de Servidores Públicos de la Administración y Servicios de Madrid, aprobado el 11 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) el 23 de diciembre. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, el artículo 10 y la disposición adicional décima de este acuerdo permiten que, en caso de convocatoria de huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de los sindicatos firmantes, la administración pueda suspender la carrera profesional horizontal y sus efectos retributivos.
El Ministerio de Trabajo señala en las cartas enviadas a ambas instituciones que una cláusula de esta naturaleza sanciona el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión, manifestación o libertad de expresión, lo cual constituye un ataque claro a dichos derechos fundamentales. También critica que suponga una degradación de la participación democrática de los trabajadores, especialmente al encontrarse en los convenios colectivos que regulan las relaciones laborales de los funcionarios de una Comunidad Autónoma como Madrid.
Trabajo afirma que esta cláusula va más allá de lo permitido para este tipo de contenidos obligatorios, generando efectos negativos sorprendentes para los trabajadores y excediendo lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad de Asociación.
El Ministerio indica que el acuerdo puede ser impugnado por violar la legalidad constitucional vigente y perjudicar gravemente los intereses de terceros. Por tanto, insta a la Fiscalía a tomar las medidas necesarias para impugnar el convenio colectivo y emprender las acciones legales pertinentes. Además, recuerda que solicitó a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actuaran de oficio, ya que son las instituciones competentes ante la falta de actuación por parte de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid que publicó los textos.
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