La diputada socialista María Somalo ha denunciado hoy que con el nuevo acuerdo marco para residencias y centros de día puesto en marcha por el Gobierno de La Rioja, «se está intensificando el incumplimiento reiterado de las tarifas de personal por parte de las empresas que gestionan estos recursos».
Somalo ha dado una rueda de prensa para anunciar el nuevo acuerdo para subastar plazas en centros de día y residencias, que ha supuesto un empeoramiento de la atención a las personas mayores y un aumento de la prestación de las empresas.
El diputado socialista recordó que todo empezó, el 24 de enero, con una resolución de la ministra de Sanidad y Políticas Sociales suspendiendo la imposición de sanciones por incumplimiento de las tarifas del personal.
Ahora el Gobierno de Rioja, a través de un acuerdo marco, «reducción del incumplimiento de las ratios de dotación de personal en residencias y centros de día para personas mayores desde faltas muy graves a faltas leves.»
Esto supone que “hemos pasado de penalizar una cantidad del diez por ciento de la facturación mensual de la empresa a fijar una penalización máxima del dos por ciento”.
Es algo que se está haciendo, afirmó, a pesar de que la Ley de Servicios Sociales considera una culpa, al menos grave, el incumplimiento de las proporciones de personal en los centros sociales y sanitarios. Esta calificación de falta grave va acompañada de la posibilidad de imponer sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 18.000 euros.
Sin embargo, con el acuerdo marco, una empresa que no cumpla de alguna manera con las tarifas será penalizada. “similar a una falla de limpieza«. Algo que se suma a la «facilidad» con la que las empresas pueden justificar el no encontrar uno similar, dado que para «demostrar», afirmó, «necesitan unos cuantos anuncios en Info Empleo».
Somalo señaló que «los únicos beneficiados» y, de «doble manera», son las empresas que optan a la licitación, «es decir, las empresas privadas que gestionan centros de día y residencias de mayores en la modalidad privada de la comunidad.» Comunidad Autónoma de La Rioja.
“Obtienen un doble beneficio. La primera es que ahorran en costes de personal y, además, ahorran en sanciones. Por un lado ahorro porque no gasto, y por otro lado ahorro porque no hay penalizaciones. impuestas por este incumplimiento», afirmó.
Sin embargo, enfatizó, lo que queda es el precio que estas empresas cobran en el acto, ya sea de la administración pública o de las personas que contratan el servicio.
Somalo vio «muy claro» que, «Evidentemente, si tenemos menos personal y además no sancionamos, la calidad del servicio empeorará».
«Lo que está haciendo el Gobierno de La Rioja es fomentar el incumplimiento, poniendo en incumplimiento a aquellas empresas que hasta ahora, por una cuestión de responsabilidad, respetaban esas ratios de plantilla. En otras palabras, es un nuevo incentivo. para que no todos cumplan”, afirmó.
Somalo, por su parte, se preguntó si esta situación se trasladaría también a la gestión de la vivienda pública y de los mercados públicos para atender a todas las personas vulnerables en el ámbito social y sanitario.
Así, indicó que, Los costes de personal se reducen en los presupuestos del próximo año. “de las tres únicas residencias públicas de personas mayores, de atención a la exclusión social y a personas con discapacidad que tenemos en la Comunidad Autónoma de La Rioja”. Se trata de una rebaja de 700.000 euros en el caso de Calahorra; 800.000 en Lardero y un millón de euros en Fuenmayor.
«Con todas estas medidas queda claro que nuestro actual sistema de atención a las adicciones corre un grave y grave peligro», afirmó, añadiendo que esto ocurre mientras «la financiación de la Administración del Estado ha aumentado desde 2021 de forma muy significativa».
Así, ha dicho, «el año pasado vinieron 17,5 millones para financiar la agencia y este año, en 2025, la cantidad superará o rondará los diecinueve millones de euros».
