Reforma del Código Penal por delitos contra la libertad de expresión.
El Gobierno tiene planes de llevar a cabo una «reforma integral» del Código Penal en lo que respecta a delitos contra la libertad de expresión que afectan a las instituciones del Estado, incluyendo al Ejecutivo y a la Corona, como parte del Plan de Acción para la Democracia aprobado en el Consejo de Ministros.
Así lo anunció el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que reveló algunas de las 31 medidas que el Gobierno planea implementar en los próximos tres años en esta área.
Bajo el segundo eje, que busca «fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz a los ciudadanos», Bolaños mencionó una «reforma integral del Código Penal» para abordar «los delitos contra la libertad de expresión que afectan a las instituciones del Estado y también los que se levantan contra los sentimientos religiosos».
Según explicó, el objetivo es adecuar el Código Penal español «al derecho comunitario» y ajustarlo en relación con estos delitos «a la más reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Dentro del mismo apartado, Bolaños también mencionó la reforma de la Ley Orgánica del Derecho al Honor de 1982 y de la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación de 1984, ya que «el actual régimen que protege el honor de las personas y garantiza el derecho a la rectificación de información falsa que se publica» se considera obsoleto debido a los cambios en el entorno mediático actual.
La reforma de ambas leyes buscará «garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y eficaz ante cualquier difamación que se publique en un medio de comunicación o pseudomedio», añadió Bolaños. También se reformará la ley de secretos oficiales.
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