PP y Vox insisten en desaprobar al Fiscal General en el Congreso
El PP y Vox intentarán nuevamente este jueves que el Pleno del Congreso desapruebe al fiscal general del estado, Álvaro García Ortíz, una iniciativa de censura que ya tuvo éxito en el Senado y que iba a ser votada la semana pasada en el Parlamento y que fue postergada por la catástrofe de la DANA.
La reprobación del Fiscal General por «infracciones muy graves» de sus funciones está contenida tanto en una proposición no de ley impulsada por el PP como en una moción de Vox fruto de una interpelación al ministro Félix Bolaños.
Ambas propuestas se debatieron el pasado martes 29 de octubre, y su votación debía tener lugar al día siguiente, pero el Consejo de Presidentes acabó suspendiendo el Pleno por las consecuencias que la DANA dejó a Valencia y otras provincias. La votación pendiente está prevista para el próximo jueves.
La iniciativa del PP se registró en mayo de este año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación contra el Fiscal General por la presunta revelación de secretos al desmentir la versión ofrecida por la Comunidad de Madrid sobre la regularización fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De hecho, también incluye otros episodios anteriores, como las sentencias del Tribunal Supremo contra los nombramientos realizados por el Fiscal General, como la colocación de la ex ministra Dolores Delgado como fiscal del tribunal, o sus enfrentamientos con el Consejo Fiscal por ataques independentistas contra los fiscales.
El pasado mes de mayo, el PP ya logró impulsar en el Senado la reprobación a García Ortíz por «descuidar» sus deberes, para lo que contaba con mayoría absoluta en la Cámara Alta, así como la abstención de Junts, ERC, PNV y Bildu, socios habituales del Gobierno.
En la iniciativa de Vox, que se puede votar por puntos, se pide en primer lugar el cese «inmediato» de Álvaro García Ortíz en el ejercicio de sus funciones constitucionales por el expediente abierto que tiene en el Tribunal Supremo por la revelación secreta en el desempeño de sus funciones. También se pide al Gobierno que impulse una modificación de la Ley que regula el Estatuto del Fiscal, para hacer obligatoria la audiencia del Consejo General de la Magistratura prevista en la Constitución para el nombramiento del Fiscal General del Estado. Y, finalmente, adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia del Fiscal General del Estado.
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