Petición de suspensión del juicio de Fertiberia hasta nuevas sentencias de los ERE
La Sección I de la Audiencia de Sevilla inició el juicio este jueves contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y un ex sindicalista de CCOO, por presuntos delitos de estafa y malversación de fondos en relación con más de 9,76 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía fuera del «procedimiento legal», para las pólizas de seguro de ingresos de los trabajadores andaluces de la empresa Fertiberia incluidas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) realizados por esa entidad.
En esta primera sesión, las defensas de ambos imputados solicitaron la suspensión del juicio hasta que la Sección Primera del Tribunal se pronuncie sobre las nuevas sentencias solicitadas por el Tribunal Constitucional respecto a la causa del mecanismo de financiación orquestado para cubrir ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias.
Tras la admisión parcial de los recursos de amparo de ex presidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros acusados en la trama macro, el Tribunal Constitucional ordenó dictar nuevas sentencias que incluyan los criterios introducidos en la materia por el TC.
Las defensas argumentan que la decisión del Tribunal Constitucional es de aplicación directa en este caso y solicitan la suspensión del juicio para garantizar los derechos de los imputados.
En el inicio de la audiencia se anunció la retirada de los cargos contra el tercer imputado, el exdirector de la consultora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, que no estuvo presente en la sesión.
La Fiscalía detalla en su escrito el ERE impulsado por Fertiberia en 2003, indicando que la empresa no solicitó ayuda social-laboral, pero la Junta y la Agencia Andaluza de Innovación y Desarrollo (IDEA) concedieron ayudas sociolaborales por más de 2,26 millones de euros a 14 extrabajadores.
Destaca el caso de 12 trabajadores de Fertiberia que, tras negociar el ERE, aceptaron traslados y solicitaron incentivos por consejo de sus representantes sindicales, finalizando su relación laboral con la empresa y recibiendo incentivos.
Según la Fiscalía, los trabajadores enviaron una carta al ex Director General de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, solicitando colaboración para obtener ayuda social, lo que derivó en un mecanismo ilícito para el pago de ayudas.
La Fiscalía señala la participación del imputado JAFG en la implementación de un procedimiento para obtener condiciones de jubilación anticipada, eludiendo disciplina administrativa y beneficiándose de pólizas de seguro de ingresos.
En octubre de 2004, se formalizó un documento para pagar una póliza de 812.049 euros a 12 ex trabajadores de Fertiberia.
Se firmaron pólizas de seguro de ingresos por un total de 2,1 millones de euros en el ERE 2003, y en 2009 se impulsó otro ERE con ayudas por más de 9,76 millones de euros concedidas a Fertiberia.
La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación y malversación en relación con los imputados, solicitando penas de prisión y inhabilitación para ambos.
FUENTE
