Perú suspende clases presenciales en segundo día de paro del transporte.

Perú suspende clases presenciales en segundo día de paro del transporte.

Las clases presenciales para cerca de dos millones de escolares en la capital de Perú fueron suspendidas el viernes, por segundo día consecutivo, debido a la paralización del transporte público, en protesta contra aumento de la extorsión.

Aunque una minoría de autobuses no acudió a trabajar, las paradas aparecieron repletas de pasajeros, por lo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte amplió a dos horas la tolerancia por llegar tarde al trabajo. Se han abierto mercados de alimentación, aunque se han cerrado varios comercios dentro de estos establecimientos.

El gobierno contabilizó el jueves sólo siete escuelas donde se impartían cursos presencialmente de las casi 8.000 escuelas existentes en la capital, que se vieron obligadas a impartir clases prácticamente como durante la pandemia de coronavirus y con dificultades o falta de acceso a Internet con equipos adecuados. como ordenadores portátiles o teléfonos móviles en los barrios marginales.

Entre 2021 y 2023, la extorsión se quintuplicó en Perú, según datos oficiales. En septiembre, tres conductores murieron en incidentes separados relacionados con la extorsión y otro autobús recibió más de 20 disparos en la capital.

Más de 13.000 pequeñas bodegas fueron extorsionadas en 2023, por lo que más de 2.600 cerraron, según el sindicato que las agrupa.

Los transportistas pidieron el jueves al Parlamento que derogue una ley que, desde agosto, permitía no registrar los domicilios de los extorsionadores hasta que comparecieran sus abogados. Anteriormente, sólo se requería evidencia razonable aprobada por el juez.

«Seguiremos la lucha hasta que se derogue esta ley que favorece la delincuencia», afirmó Miguel Palomino, uno de los líderes del sector.

Hace dos semanas, durante el primer cierre masivo de autobuses en Lima, el gobierno declaró una emergencia de 60 días para combatir el crimen en 14 de los 50 distritos suburbanos de la capital.

Esta urgencia incluye la limitación de garantías constitucionales como la libre circulación, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, pero hasta el momento los crímenes no han sido detenidos.

La noche del lunes, un conductor y tres pasajeros fueron baleados en un minibús en una zona urbana del puerto del Callao. Otros tres pasajeros resultaron heridos. Dos de los muertos eran trabajadores que regresaban a sus hogares.

FUENTE

nuevaprensa.info

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