El jueves, Perú rechazó un informe de Amnistía Internacional que sugiere que la presidenta Dina Boluarte debe ser investigada como posible autora intelectual de graves violaciones de derechos humanos que resultaron en la muerte de 50 civiles en protestas para exigir su renuncia entre 2022 y 2023.
El Primer Ministro Gustavo Adrianzén declaró a la prensa que el Estado no responde a organizaciones no gubernamentales, sino que «está directamente relacionado con organismos internacionales».
«Rechazamos categóricamente cada parte del informe… aún más cuando intenta atribuir indebidamente responsabilidad a la presidenta por los hechos ocurridos durante las protestas», afirmó.
Las manifestaciones estallaron en Perú el 7 de diciembre de 2022, después de que el Congreso destituyera al entonces presidente Pedro Castillo, quien poco antes había intentado cerrar el Congreso sin el apoyo de las fuerzas de seguridad. Boluarte, que era vicepresidenta, lo sucedió.
Los manifestantes, en su mayoría indígenas de los Andes del sur que votaron abrumadoramente por Castillo, exigieron la renuncia de Boluarte, quien prometió renunciar si Castillo era destituido por el Congreso. Finalmente, Castillo fue encarcelado y se ordenó su prisión preventiva por tres años mientras es investigado por los delitos de rebelión y corrupción.
Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Sudamérica, mencionó en una conferencia de prensa que realizaron un análisis jurídico de las decisiones y omisiones de la presidenta durante tres meses, y llegaron a la conclusión de que Dina Boluarte podría ser considerada autora intelectual de las graves violaciones de derechos cometidas durante las protestas.
Para este análisis, Amnistía se basó en los conceptos desarrollados por la Corte Suprema de Perú en su sentencia de 2009, en la que condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión como autor directo del asesinato de 25 peruanos, entre ellos un niño.
La caja de relojes de lujo llega al Congreso peruano
El Congreso de Perú aceptó a trámite una denuncia de la Fiscalía General contra la presidenta Dina Boluarte por un presunto caso de corrupción al recibir relojes y joyas de lujo de un gobernador regional.
La comisión legislativa ha iniciado el proceso para investigar una denuncia presentada en mayo por el fiscal general Juan Villena, que acusó a Boluarte de cohecho pasivo indebido.
Según la Constitución, el Congreso debe esperar a que Boluarte termine su mandato en 2026 para que la acusación sea enviada nuevamente a la fiscalía y, de ser necesario, imputarla ante un juez.
Las únicas causas por las que un presidente puede ser acusado a mitad de mandato son por traición, disolución del Parlamento, obstrucción de elecciones o interrupción del funcionamiento del Tribunal Electoral.
Según la investigación de la fiscalía, Boluarte presuntamente recibió relojes y joyas Rolex como donación del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, lo que constituye un delito de cohecho según la legislación peruana.
