Las ayudas a la Comunitat Valenciana afectan el déficit prometido por el Gobierno a Bruselas
Él Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona gravemente afectada y una serie de medidas para ayudar a la Comunidad Valenciana tras la devastadora DANA que se cobró más de 200 vidas humanas y causó daños materiales incalculables en la región. Sobre la mesa está una relajación del objetivo de déficit de la región para permitirle hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la catástrofe natural, en una región cuyas cuentas ya se encuentran en un gran desequilibrio.
En esta época del año, el Gobierno tiene muy poco margen para ajustar las cuentas y esta urgencia puede anular el compromiso adquirido con Bruselas de que el equilibrio presupuestario terminará el año en un nivel -3% del producto interior bruto (PIB). Según los últimos datos de ejecución presupuestaria, hasta agosto todas las Administraciones Públicas, a excepción de las entidades locales, registraron un déficit del 2,3% del PIB. Esto representa un desajuste de aproximadamente 36.000 millones de euros.
El margen de hasta el 3% del PIB es de siete décimas (algo más del 11.000 millones de euros), y ello sin contar el desfase de los datos, ya que estas cifras -que excluyen a las entidades locales, que deberían presupuestar con un ligero superávit este año- sólo llegan hasta agosto.
El presidente del Gobierno ha adelantado que, en la reunión del Consejo de Ministros, la Comunidad Valenciana podrá hacerse cargo de estos gastos extraordinarios, una medida que no es baladí, ya que precisamente Esta es la región con mayor déficitconsiderando los últimos datos.
Eso podría obligar a una votación en el Congreso: La Ley de Estabilidad Presupuestaria permite que «excepcionalmente» el estado y las comunidades locales puedan soportar «déficit estructural» en caso de desastres naturales «que escapa al control de las Administraciones Públicas y perjudica considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».
Sin embargo, el artículo 11 de la Ley establece que «esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo y obligaría a las autoridades regionales a presentar un plan de reequilibrio».
De nuevo hasta agosto, el desequilibrio en las cuentas públicas de Valencia fue 1.300 millones de eurossiendo la comunidad con mayor déficit, el 0,9% del PIB regional. Además, la deuda pública de la Generalitat ya está cerca 60.000 millones de euros y representa el 41% del PIB.
La maquinaria de Gobierno acelera los trabajos y las posibles medidas que aprobará el Consejo de Ministros el martes. El Ministerio de Hacienda anunció este martes la suspensión del segundo pago del IRPF correspondiente a la Renta 2023 para los contribuyentes de la provincia de Valencia, la zona más penalizada por la DANA.
Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social también están acelerando las medidas laborales que pueden adaptar. Inclusion, por ejemplo, ya ha anunciado una indemnización «incrementada» para los autónomos, que podrán reclamarla a la mutua y sin carencia y sin agotar días de cobro en el futuro. . Además, estos días se computarán como puntuables.
Además, las empresas pueden solicitar Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, la suspensión temporal de la relación laboral o la reducción de jornada, con exención del 100% de la cotización de la empresa y de los trabajadores y además sin consumir la prestación por desempleo.
La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que, además de priorizar el teletrabajo, El plan «Mecuida». que ya estuvo vigente durante la pandemia, y que garantiza derechos de conciliación (adaptación del horario de trabajo, reducción de jornada… o el método a distancia) a aquellas personas que no puedan acudir a trabajar por motivos excepcionales.
Por otra parte, el Ministro de Trabajo también indicó que se establece la obligación de mantener el puesto de trabajo. Así, ha dicho que todas las personas que no acudan a trabajar por diversos motivos, como el cuidado de personas dependientes o la pérdida de su vivienda, «no perderán su salario ni sus aportaciones, ni afrontarán represalias ni sanciones por no acudir». cosa.»
