La patronal de Galicia deshonra al Gobierno con «eventos» e «imposiciones unilaterales» sin «tomar en consideración» a los empresarios.
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) advirtió el miércoles que las intervenciones del Gobierno estatal «no solo complicarán administrativamente el día a día de las empresas, sino que también provocarán un deterioro de las condiciones de los trabajadores». También publicaron un comunicado en el que calificaron de «fiscalidad unilateral» todas las decisiones tomadas en secreto, sin tener en cuenta a los más afectados por las medidas: los empresarios. Advertían que ni siquiera se habían calculado las consecuencias económicas para los sectores productivos, en un momento ya bastante delicado.
La patronal gallega destaca la modificación del Estatuto de los Trabajadores, que da prioridad a los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales y que, según subrayan, tiene varias implicaciones para el tejido empresarial. El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, citó como ejemplo la creciente complejidad administrativa. Las empresas que operen en múltiples comunidades autónomas tendrán que gestionar distintos convenios, lo que puede incrementar y complicar su gestión y, sobre todo, los costes asociados al cumplimiento normativo.
El presidente de la CEG advirtió posteriormente que la negociación colectiva descentralizada requiere más recursos y esfuerzos negociadores por parte de las empresas. La frustración reciente de la reforma del real decreto que buscaba implementar esta prevalencia, añade, indica la complejidad y polémica que rodea este cambio en el ámbito laboral español.
Por ello, el presidente del empresariado gallego se suma al rechazo absoluto a esta aprobación, furtivamente, sin tener en cuenta a todos los agentes implicados, desdeñando una y otra vez el diálogo social y los sectores productivos, las empresas que generan riqueza y contribuyen al Producto Interior de España. «Este Gobierno repite constantemente la misma dinámica, que es que las prestaciones por desempleo no han sido pactadas con los empresarios de este país», añadió, antes de señalar que la exclusión de los agentes del diálogo social en la toma de decisiones tiene consecuencias, porque genera desconfianza e insatisfacción.
«La sociedad española percibe esta exclusión como una falta de transparencia y legitimidad en el proceso de toma de decisiones, lo que genera desconfianza en las instituciones e insatisfacción entre trabajadores y ciudadanos», reflexionó. «La falta de participación de los agentes sociales aumenta la polarización y el conflicto social porque no nos sentimos representados en las decisiones que afectan directa y duramente a nuestra vida cotidiana», añadió.
El CEG concluyó que las empresas gallegas perciben mayor incertidumbre y riesgo en el entorno laboral y regulatorio porque las decisiones unilaterales pueden dar lugar a regulaciones menos consensuadas y más susceptibles a cambios y disputas legales. Finalmente, señala que, a nivel internacional, la falta de diálogo social es vista como un signo de debilidad en la gobernanza democrática y el respeto de los derechos laborales, afectando la imagen del país en los foros internacionales y ante los potenciales inversores. «La exclusión puede verse como un incumplimiento de las normas y estándares laborales internacionales, lo que podría resultar en sanciones o pérdida de apoyo de las organizaciones internacionales. No contar con agentes de diálogo social erosiona la confianza y la cooperación necesarias para un desarrollo sostenible y equitativo”, zanja.
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