El Colegio Profesional de Educación Social instó este mes a los sindicatos a no perpetuar la «intrusión» y el «perjuicio» de los servicios públicos ante el rechazo del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos y Bienestar Social del Principado de Asturias al nuevo proceso de El funcionamiento de los educadores en Asturias.
En un comunicado de prensa, el colegio subraya que «ninguna persona que ejerza el cargo de educador perderá su puesto de trabajo permanente en la Administración del Principado; ni los que han aprobado su oposición, ni las 50 personas que se han estabilizado recientemente». .
Asimismo, destaca que en España «las profesiones no son intercambiables ya que cada disciplina permite la adquisición de competencias profesionales que son únicas, y la Educación Social no pretende ejercer la profesión de docente, psicología o asistencia social». «Pero tampoco es admisible que algunos profesionales con esta titulación pretendan ejercer nuestra actividad», argumenta, añadiendo que «ejercen esta profesión» graduados sociales, enfermeros, logopedas o incluso licenciados en Derecho, Ingeniería o Historia.
«Es un completo disparate que en Asturias no se exija la titulación adecuada para ejercer una profesión, porque no existe una universidad pública presencial. Según este criterio, en el Principado no habría farmacéuticos, veterinarios ni arquitectos», afirman. Digo de la universidad.
Sin embargo, entiendo que “el proceso de funcionalización, con la incorporación de la Educación Social en el Servicio Público, tras 34 años desde la creación de la profesión, aportará una mayor garantía jurídica a las personas más vulnerables de nuestra Comunidad Autónoma”.
Así, el Colegio Profesional de Educación Social solicita oficialmente a los sindicatos que se adhieran al documento «que cesen en su función, lo que perpetúa una situación de intrusión y deterioro de la calidad de los servicios públicos». “El cumplimiento de la Ley de Trabajo Público del Principado de Asturias es fundamental para modernizar los servicios y garantizar la profesionalidad en beneficio de usuarios y trabajadores”, concluye.
