Investigación de Bustinduy sobre prácticas abusivas en inmobiliarias contra inquilinos

Investigación de Bustinduy sobre prácticas abusivas en inmobiliarias contra inquilinos


Una mano sosteniendo las llaves de una casa.

Según la investigación realizada por este ministerio, las empresas investigadas operan en todo el territorio español y han cometido prácticas abusivas contra los inquilinos, como:

  • Cobrar una tarifa por gestionar el contrato de arrendamiento.
  • Obligar a firmar contratos temporales sin justificación.
  • Incluir términos abusivos para los consumidores.

La Dirección General de Consumidores fue la unidad encargada de abrir oficialmente esta investigación y se enteró de que estas prácticas se llevaron a cabo a través de diversas denuncias presentadas por asociaciones de consumidores. El Ministerio de Consumo demostró que transferir los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato a los inquilinos está expresamente prohibido por la «Ley 12/2023, de 24 de mayo, del derecho a la vivienda», al igual que la firma de contratos temporales sin justificación. Asimismo, el Ministerio recuerda que la vivienda es un derecho esencial protegido por la “Ley de Arrendamientos Urbanos”, que prohíbe a las inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que vulneren los derechos de los inquilinos. Estas acciones podrían constituir diversas infracciones contempladas en la legislación vigente:

  1. Incumplimiento de la normativa de precios, imposición injustificada de condiciones a servicios no solicitados.
  2. Utilización de prácticas comerciales desleales con los consumidores.
  3. Inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

Los dos primeros delitos podrían ser considerados graves y están sancionados con multas de hasta 100.000 euros, pudiendo superar estas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido. Para la tercera infracción, que podría ser calificada como muy grave, las multas podrían llegar hasta un millón de euros, pudiendo superar estas cantidades entre seis y ocho veces el beneficio obtenido.

Esta investigación es parte de la acción prioritaria del Ministerio liderado por Pablo Bustinduy para proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda. En cuanto a los derechos de los inquilinos, Consumo ya ha realizado acciones informativas con los operadores del mercado sobre posibles conductas abusivas en los contratos de alquiler, como exigir fianzas desproporcionadas, garantías adicionales o pagos mensuales por adelantado.

FUENTE

nuevaprensa.info

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