Informe de recursos con cargo a subvención enviado por ex gerente de Portsib
El ex gerente de Portsib entre mayo de 2013 y agosto de 2015, durante el cual se tramitó el concurso y la adjudicación de la gestión del puerto de Calanova, aseguró que envió informes jurídicos a uno de los imputados, el entonces secretario general de Turismo, Joaquín Legaza, en los que se propuso y finalmente se rechazó la estimación de recursos presentada por dos oferentes.
La sección primera de la Audiencia Provincial continuó este miércoles con el juicio conocido como Caso Calanova, que involucra al ex Conense de Turismo Carlos Delgado y a otras cinco personas por presuntas ilegalidades durante la competición de 2013 por la gestión deportiva del Puerto, que finalmente se otorgó a la sociedad de la que eran administradores un amigo y su socio.
El testigo, que también era miembro de la junta directiva de Portsib, explicó que decidió abstenerse de asesorarse sobre la gestión de Calanova, sabiendo que una de las empresas licitadoras, Port Olílpic, había ganado el concurso y pretendía que la escuela portuaria gestionara una academia donde él trabajó anteriormente.
Durante el juicio, el testigo aseguró que refirió a Legaza dos informes de evaluación jurídica que decían que los recursos debían ser estimados, los cuales le había enviado el jefe legal de Portsib, aunque no recordaba cómo los envió.
El abogado de Portsib no declaró en el juicio, pero en uno de los dictámenes se reprodujo una declaración anterior en la que indicaba que todo el trámite se estaba realizando fuera del procedimiento prescrito y que se había vulnerado el fundamento del concurso.
La fiscal pide al exconcejal Carlos Delgado pena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión por prevaricación e influencia, además del pago de una multa de 1,1 millones de euros. Para el resto de los imputados también se solicitan penas y multas similares.
Durante el juicio, se presentó un hombre que coincidió con Delgado en el despacho de abogados del que ambos eran socios, aunque por su mala relación, el exconsejero vendió sus acciones a Gelabert a finales de 2014.
Dos hombres que trabajaban en el puerto de Calanova antes de su privatización afirmaron que vieron grupos de personas que presentaban sus ofertas durante el concurso, aunque no pudieron identificar a todos.
Ambos testigos también fueron interrogados sobre el proceso de subrogación de los trabajadores de Calanova, destacando un clima de desconfianza y confusión entre ellos.
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