Una fiscal boliviana denunció que fue despedida por liderar una investigación criminal sobre trata y contrabando de personas que involucra al expresidente Evo Morales, en un caso que el expresidente consideró parte de una persecución en su contra.
La exfiscal Sandra Gutiérrez, de la sureña región de Tarija, dijo el jueves a la emisora estatal Bolivia TV que le habían pedido «de la manera más grosera» que abandonara el caso contra Morales. «Y como no lo hice, obtuve mi despido».
Sin embargo, el fiscal general Juan Lanchipa aseguró poco después que la salida de Gutiérrez se debió a que cometió «errores procesales» y «negligencias» y confirmó que la investigación contra Morales continuaba.
Por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad, el fiscal no dio más detalles, aunque explicó que había presentado una orden de aprehensión contra Morales para que testifique que había sido revocada por otros fiscales.
Morales, que reside en Chapare, una ciudad en el centro de Bolivia donde se encuentra su feudo cocalero, publicó el jueves en su cuenta X, antes Twitter: “¡No me sorprende ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron… ¡No tengo miedo! «¡No me encerrarán!»
Esta no es la primera vez que se juzga una denuncia contra Morales. En 2020, el gobierno de la entonces presidenta Jeanine Áñez lo imputó tras encontrar fotos en celular de una menor de edad con el expresidente. Ninguna demanda tuvo éxito.
La defensa del expresidente (2006-2019) ha asegurado que se trata de una persecución política contra Morales, quien mantiene una fuerte batalla con el actual presidente Luis Arce por el control del oficialismo.
Morales ha previsto presentarse a las elecciones presidenciales de 2025 por el Movimiento Al Socialismo (MAS), un partido fracturado entre sus seguidores y los de Arce. Por su parte, Arce acusó a Morales de alentar protestas pidiendo su renuncia.
Carlos Romero, abogado de Morales y ex ministro de gobierno, confirmó que había cuatro casos más abiertos contra Morales, pero no dio detalles.
La reactivación de los casos contra Morales ha puesto en duda al poder judicial boliviano, que en los próximos días deberá elegir por voto popular un nuevo fiscal general y en diciembre a los máximos magistrados.
La oposición calificó el caso como un «circo» montado por el MAS. “¿De verdad creen que Evo Morales irá a la cárcel?”, publicó en su cuenta X la senadora opositora Andrea Barrientos.
El analista político Marcelo Silva señaló que la pelea entre Arce y Morales «dañó las instituciones democráticas, dañó la economía y dañó absolutamente la justicia».
En varias ocasiones, organismos internacionales han cuestionado la falta de independencia del sistema judicial boliviano.
«Este tema hunde aún más la imagen de Evo Morales… Es un tema complicado y delicado y creo que es importante investigar», agregó Silva.
La polémica se produjo poco después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, revocara a Morales el estatus de refugiado político que le había otorgado su antecesor Alberto Fernández (2019-2023) en 2019, tras una protesta social por las acusaciones de fraude electoral que provocaron su renuncia. El conflicto dejó 37 muertos.
