Fedea cuestiona la cuota catalana por ser «federal» y contraria a la UE
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publica este jueves un nuevo trabajo que analiza el acuerdo entre el PSC y ERC sobre la financiación única para Cataluña, cuestionando su constitucionalidad y afirmando que «da la espalda» al debate sobre los acuerdos internacionales impuestos, rechazando que esta acción catalana vaya camino de la «federalización».
Se trata de un nuevo estudio publicado en la serie dedicada a la financiación única para Cataluña, en el que la economista Violeta Ruiz Almendral presenta el acuerdo PSC-ERC desde una perspectiva jurídica.
La principal conclusión de este estudio es que el acuerdo es «difícilmente compatible con las reglas del juego», haciendo referencia a que recupera ideas «ya declaradas inconstitucionales» en diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
El estudio también destaca que la financiación única para Cataluña «parte de premisas no contrastadas», como la crónica infrafinanciación de esta comunidad o la visión de lo que suponen los sistemas autonómicos, «que parece querer abordar sin mencionar».
Asimismo, la economista desconfía de las afirmaciones de que el acuerdo promueve la federalización, negándolas ya que, según explica, no es federal «si se examina rigurosamente la situación real en estados con los que podríamos compararnos en algún extremo», como Canadá y Alemania, que han desarrollado mecanismos de solidaridad interterritorial.
Además, el investigador de Fedea advierte que el acuerdo «da la espalda» a la transformación que supuso la entrada de España en la Unión Europea y a la propia evolución del debate internacional sobre fiscalidad, donde se avanza hacia un mayor y mejor intercambio de información sobre impuestos, no hacia la segmentación de sistemas.
En este sentido, advierte que «llama especialmente la atención la propuesta de descentralizar la administración tributaria», «en un contexto donde tanto el debate europeo como el internacional apoyan la necesidad de una administración tributaria única en todo el territorio nacional, con la participación de las autoridades autonómicas».
«Urge, por ejemplo, que las bases de datos puedan ser compartidas en todas las administraciones sin excepción. En definitiva, más allá de la posible inconstitucionalidad, el Acuerdo Único de Financiación se asienta en un mundo que ya no existe», afirma el autor.
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