España sale victoriosa en dos disputas arbitrales por reducción de energías renovables.
España gana dos nuevos arbitrajes contra inversores internacionales que reclamaban 72 millones de euros por la reducción de primas a las energías renovables.
El pasado viernes 11 de octubre se dictaron dos laudos arbitrales en los que los tribunales arbitrales declararon que no tienen competencia para resolver disputas de inversión entre inversores de la UE y España.
En concreto, los inversores fueron Sapec, SA, sociedad domiciliada en Bélgica, y European Solar Farms A/S (ESF), constituida bajo las leyes de Dinamarca.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográficos destacan que «Por primera vez se reconoce la prevalencia del derecho comunitario y la falta de competencia de tribunales de arbitraje para resolver disputas sobre inversiones en el marco europeo.
Es la primera vez que los tribunales arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, aprecian la falta de competencia para juzgar disputas sobre inversiones puramente europeas.
Los laudos, con razonamientos muy similares, indican que el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) tiene el significado apoyado por España y la Comisión Europeasegún el cual la participación de la UE en el TCE, como organización regional de interés económico, introdujo en su ámbito de aplicación la supremacía del Derecho de la Unión en el ámbito de las competencias transferidas por los Estados miembros de la UE.
en total, Los inversores reclamaron una indemnización de más de 72 millones de euros y unos costes de más de 8 millonessegún el ministerio que aún dirige Teresa Ribera.
En el caso de Sapec, La cantidad reclamada asciende a 27,4 millones más intereses y casi 4 millones en concepto de costas.mientras que European Solar Farms pedía una indemnización de 45,1 millones más intereses y más de 4 millones en costas.
En este procedimiento, España estuvo representada y defendida por la Fiscalía del Estado (Departamento de Arbitraje Internacional), con lo que estuvo de acuerdo el CIADI.
«Estos dos nuevos laudos se suman a la tendencia ya iniciada por el tribunal constituido según las normas de la Cámara de Comercio de Estocolmo SCC en el caso de GreenPower contra el Reino de España», explica el ministerio.
En este caso, se declara por primera vez la falta de competencia para resolver disputas intracomunitarias bajo el TCE y, para el ministerio, «cierra el debate sobre las supuestas distinciones de trato entre tribunales constituidos bajo las reglas del CIADI y las reglas del esa cámara».
Hasta ahora, España también ha conseguido anular ante los tribunales suecos Tres sentencias en las que los tribunales arbitrales valoraron erróneamente su jurisdicción para resolver disputas europeas sobre inversiones.
Sin embargo, todavía existen numerosos laudos condenatorios a España que aún están pendientes de pago, y ha tenido que afrontar sentencias que abren la puerta a embargos sobre mercancías españolas.
En total, hay más de 20 laudos arbitrales con responsabilidades que ascienden a más de 1.500 millones de euros en concepto de daños. La cifra a la que hay que sumar otras 321 millones en costos adicionales derivados de intereses de demora y órdenes de costos.
Los afectados llevan tiempo pidiendo al Gobierno español «una solución negociada para acabar con el incumplimiento, permitir la reactivación de la inversión verde en España y acabar con el bochorno internacional provocado por los embargos».
Por su parte, la estrategia del Gobierno hasta ahora ha sido no asumir la responsabilidad financiera de estos laudos y no considerar al CIADI competente para emitirlos. En casos como los dos últimos y otros mencionados, la medida funcionó bien.
