El TSJM pide a las partes que presenten cargos en el expediente de la Fiscalía General del Estado por la denuncia del novio de Ayuso, sin embargo es importante que se actúe con prudencia y respeto hacia todas las partes involucradas en el caso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha otorgado a las partes involucradas en la causa que investiga la denuncia de Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto, un plazo de diez días para presentar acusaciones en respuesta al escrito del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que se responsabiliza de la difusión de la nota explicativa de la Fiscalía de Madrid y solicita al Tribunal Supremo que investigue.
En una decisión a la que Europa Press tuvo acceso, el magistrado a cargo del caso por presunta revelación de secretos por parte de un funcionario acuerda incluir en el debate el escrito del fiscal general del estado y notificar personalmente a las partes, incluido el Ministerio de Tributación.
Esto ocurre un día antes de que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, sea citada en la sede de la calle General Castaños para declarar como testigo. El lunes pasado, García Ortiz volvió a asumir la responsabilidad de la divulgación de la nota y pidió que el caso sea remitido a la Corte Suprema.
En la resolución, el magistrado critica principalmente que el escrito del Fiscal General haya sido enviado «extraprocesalmente». Posteriormente, señala que «la impugnación del artículo 412.2.5º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», «en ningún caso es resultado de la impugnación, que es una presunción del medio de comunicación escrito utilizado por el fiscal general del estado.»
Por lo tanto, argumenta que «una razón elemental de lealtad y salvaguarda de los derechos de las partes personalmente, hace procedente que el escrito les sea comunicado, por su potencial trascendencia.»
A estos efectos, el magistrado les otorga un plazo de diez días para formular los argumentos que consideren oportunos, si así lo consideran necesario para proteger sus derechos.
La supuesta revelación de secretos está relacionada con la nota explicativa emitida por la Fiscalía de Madrid que informaba sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de Alberto GA y el fiscal relacionados con la investigación sobre el presunto fraude fiscal.
El testimonio del fiscal primero de Madrid será clave para determinar quién dio la orden directa de difundir la nota explicativa en la que se revelaban las conversaciones entre el abogado y el fiscal.
El magistrado intenta investigar a petición del imputado «quién o quiénes fueron determinadas personas naturales que intervinieron en la decisión de hacer público el respectivo comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que accedió o dio su consentimiento a la decisión de difundir la declaración.»
En el proceso solicitado, el magistrado pidió que se le envíe un listado y copia del soporte original con todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Público (correos electrónicos recibidos y enviados) con el abogado de Alberto González Amador durante su defensa antes y después de realizar la declaración pública.
En el auto de admisión de la denuncia, la Sala consideró que «sin que jamás la admisión de una denuncia pueda entenderse como un acto de imputación anticipada, ni como un encuadre definitivo de los hechos, debe investigarse el verdadero alcance de todos los hechos de la denuncia escrita.»
«Solo así se puede cumplir una finalidad esencial del sumario, prevista en el artículo 299 de la LeCrim, y que consiste en establecer todas las circunstancias que pueden influir en la formulación de los hechos, siempre que tengan carácter penalmente indicativo.»
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