El PP promueve en el Congreso la expansión de la energía nuclear.
PP propuesto en el Congreso extiende vida útil de las siete centrales nucleares existentes en España, así como una reforma legal que permita la apertura de nuevas instalaciones, entendiendo que esta energía es una «pieza estratégica» para el equilibrio del sistema eléctrico y juega un papel «fundamental» en transición ecológica.
A través de una propuesta ilegal registrada para debate en el Pleno, el Grupo Popular afirma que la energía nuclear ha sido «una fuente estable y fiable de electricidad» durante décadas. Según datos de Red Eléctrica (REE), en 2023 las centrales generaron el 20,3% de la electricidad consumida en España con solo 6% de la potencia instalada.
La formación de Alberto Núñez Fejóo señala que el reciente estudio de la Comisión Europea sobre el futuro de la competitividad europea, conocido como informe Draghi, reconoció la energía nuclear en su taxonomía de inversión sostenible, destacando su importancia en la transición hacia una economía libre de carbono.
Sin embargo, el PP lamenta que España esté el único país del mundo que se negó a mantener su parque nuclear y alargar su vida útil según criterios de seguridad energética. En concreto, el Gobierno prevé cerrar todos los reactores nucleares entre 2027 y 2035. Estos cierres, afirma el partido, significarían la pérdida de entre el 50% y el 70% de los ingresos de los municipios cercanos en las fábricas y afectaría a una industria que emplea aproximadamente 28.500 personas.
En este contexto, el PP insta al Gobierno a ampliar la vida útil de las centrales nucleares en el marco de la normativa europea, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y con los propietarios de las instalaciones y teniendo en cuenta criterios técnicos y económicos.
A esto se suma una petición para impulsar las iniciativas legislativas necesarias para derogar el artículo 10 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohíbe la admisión de nuevas solicitudes de permisos de exploración, investigación o concesiones mineras directas cuando los recursos extraídos sean a través de propiedades radioactivos, fisionables o fértiles.
Este artículo también prohíbe la admisión de nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para procesamiento de minerales radiactivos.
Además de esta reforma legislativa, el PP quiere que se facilite la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares, para reflejar el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía del suministro eléctrico «seguro y estable» y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En otro punto de la propuesta no de ley, la formación de Alberto Núñez Feijóo pide impulsar un diálogo comprometido con los ayuntamientos, concejos y comunidades autónomas que estarían afectados por el cierre de las siete unidades nucleares en España, así como con los distintos sectores económicos que también sufrirían el impacto.
El Grupo Popular también quiere solicitar informes a la Comisión Nacional de los
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