El gobierno no permite intercambio de apartamentos por casas en Pumarabule en el distrito minero
El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ha reiterado este martes que el ordenamiento jurídico «no recoge el intercambio» de pisos del antiguo barrio minero de Pumarabule, en Siero, con las nuevas viviendas construidas en la zona en 2021.
Sánchez respondió así a las diputadas del PP Beatriz Polledo y Susana Fernández, que solicitaron al Departamento de Planificación Territorial, Urbanismo, Vivienda y Derechos de Ciudadanía la adopción de esta solución para los vecinos de Pumarabule.
«Quien alguna vez prometió a los vecinos algo que no es jurídicamente viable ya no está en esta dirección general», señaló Sánchez en declaraciones a los medios, añadiendo que su departamento transmitió «desde el primer minuto, de forma clara y transparente, a los afectados, la realidad de la situación».
En este sentido, ha insistido en que la Administración «no puede en ningún caso permutar una vivienda particular por otra pública». «Simplemente no existe un marco legal para esto y quien afirme lo contrario nos pide que fingamos o ignora el sistema legal», argumentó. «Me sorprende que estos parlamentarios, ambos con formación jurídica, alienten al gobierno a tomar una decisión que podría conducir a una evasión», afirma.
Respecto a la posibilidad de que los vecinos afectados opten por las nuevas viviendas que próximamente serán cedidas en régimen de alquiler, el director general explicó que el decreto de cesión de viviendas excluye a quienes sean propietarios de un piso. La única excepción sería que aportaran un certificado de ruina de su vivienda expedido por un técnico, que les convalidaría en el decreto como no propietarios. «No hay ningún informe técnico que hable de la ruina», añadió Sánchez.
Por otro lado, ha recordado que el decreto de adjudicación obliga a cada ayuntamiento a establecer grupos prioritarios para el acceso a la vivienda. «Apostamos por una colaboración leal entre las administraciones y en ningún caso nos saltaremos este trámite», ha afirmado.
En cuanto al futuro, el director general indicó que el proyecto de presupuesto para 2025 reserva una partida de un millón para la reparación de los tres bloques de viviendas vandalizados después de que llevan vacíos desde 2021. «Nos estamos gestionando con eficacia y nuestra responsabilidad es poner pisos a disposición de quienes tienen dificultades para acceder a la vivienda. No podemos tener pisos públicos vacíos», afirma.
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