Si surge «algún tipo de responsabilidad contable», los hechos se trasladarán al Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía alerta de que la combinación de la retribución como alcalde de Ourense de Gonzalo Pérez Jácome (con donaciones en exclusiva) con los ingresos de su actividad empresarial privada, constituye una «situación irregular» que debe ser «depurada», al vulnerar el régimen de incompatibilidades. Por ello, remitió esta situación al Ministerio Fiscal adscrito al Tribunal de Cuentas, «en caso de que de las mencionadas irregularidades resulte un determinado tipo de responsabilidad contable».
El Ministerio Público inició un proceso penal contra Jácome, por los presuntos delitos de estafa administrativa y malversación de caudales públicos, a través de un decreto emitido el 13 de mayo.
Estas acciones se originaron a partir de una denuncia presentada en diciembre por Manuel Álvarez, en representación de Coalición Centro Democrático, debido a presuntas irregularidades en las cuentas del partido, junto con otros 4 concejales.
En su denuncia, Álvarez solicitó una investigación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, alegando una posible incompatibilidad entre el cargo de concejal de Jácome y sus ingresos provenientes de actividades privadas, así como un delito de prevaricación.
La Fiscalía de Ourense abrió un expediente de investigación penal y solicitó informes tanto al Ayuntamiento de Ourense como a la Policía Judicial, la Agencia Fiscal y la Seguridad Social. Finalmente, decretó el archivo del juicio el 13 de mayo, decisión que hizo pública el Ayuntamiento de Ourense, aunque sin proporcionar detalles del decreto.
Sobre los presuntos delitos investigados, el documento del Ministerio Público señala que «debe excluirse que los hechos denunciados se integren en un delito de prevaricación administrativa», ya que no hubo resoluciones arbitrarias de Jácome para evitar la incompatibilidad de ambas retribuciones.
Del mismo modo, se resalta que no hubo malversación de fondos, ya que la empresa cuyo administrador es el alcalde no celebró un contrato con el Ayuntamiento y «no consta ninguna decisión o actuación que tienda a obtener fondos públicos». Además, se menciona que «no se observa que la conducta del imputado represente una extralimitación ilegal de sus facultades para disponer de fondos en perjuicio del patrimonio municipal», y se añade que «tampoco se constata, entre otros aspectos, la existencia de fraude» requerido en tal delito.
Los informes de la Policía Judicial y los datos recabados sobre la actividad profesional y pública de Jácome reflejan que, entre 2019 y 2022, el alcalde cobró su retribución como primer edil del Consistorio a tiempo completo (74.850,30 euros al año) y, a su vez, declaró rentas tanto de trabajo como de actividades económicas independientes, así como rentas del impuesto sobre actividades económicas por servicios de televisión, promoción inmobiliaria y otros servicios.
En concreto, la Fiscalía constata que el alcalde del municipio de Ourense estuvo dado de alta simultáneamente en dos regímenes distintos de la Seguridad Social: en el régimen general y en el régimen autónomo, generando una situación de pluriempleo y pluriactividad en el periodo analizado.
La legislación establece que, en el caso de que un cargo público con dedicación plena desee compatibilizar este desempeño con una actividad profesional privada, esta última deberá ser marginal y no menoscabar su dedicación al cargo público respectivo. En todo caso, la persona deberá solicitar una declaración de compatibilidad que deberá pasar por el Pleno.
Jácome pretendía llevar esta declaración al pleno en agosto de 2019, pero antes de la sesión decidió retirar ese punto al considerar que no contaría con el apoyo suficiente. La declaración de compatibilidad no fue tramitada en el máximo órgano de la Corporación, según admitió el jefe del Servicio de Personal municipal en un informe remitido a la Fiscalía.
Por tanto, el Ministerio Público concluye que se observó «una situación irregular consistente en una vulneración del régimen de incompatibilidades» que, en muchos casos, «es necesario esclarecer», por lo que se dio aviso a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, sobre la situación, «si de la irregularidad se deriva cualquier tipo de responsabilidad contable», al propio Ayuntamiento y al demandante.
En diciembre de 2021, el pleno de Ourense aprobó una moción de Manuel Álvarez (entonces ya concejal no afiliado) pidiendo a Jácome que renunciara a su sueldo de concejal, al tener ingresos de su actividad privada. La moción fue aprobada por los concejales no afiliados presentes, PSOE, BNG y Ciudadanos, mientras que el PP se abstuvo y el partido de Jácome votó en contra.
