El crimen de Cuzcurriţa: obra premeditada de dos personas.
Un agente de la Guardia Civil, perteneciente a la Policía Judicial, confirmó ante el Juez que «desde el primer momento se vio» que el crimen del hostelero Cuzcurrita -le ocurrió la noche del 1 al 2 de mayo de 2023- no fue solo obra de una persona, sino que fue golpeado por dos personas. Es más, según relata, «fue premeditado y la víctima, Guillermo Castillo, no pudo defenderse por la inmediatez de los golpes». El agente justificó esta postura calificando de «muy difícil» que «una sola persona» pudiera arrastrar el cuerpo de la víctima tras los golpes, que se produjeron en la puerta de la vivienda de la víctima y ponerla en la posición en la que fue encontrado en el baño. La tesis afirma así que «había dos personas» y, como aclara, «no había más». Guillermo no tuvo posibilidad de pedir ayuda ni de protegerse. Además, cree que, según todas las pruebas, el crimen fue «premeditado, no fue un impulso». Según los controles realizados, el agente cree que la noche en que mataron al bodeguero, «uno lo arrastró hacia atrás con los brazos y otro siguió golpeándolo». Asimismo, afirma que el primer ataque que sufrió la víctima a las puertas de su domicilio «fue inmediato». Después «lo dejaron encerrado y esposado, no podía escapar».
La Policía Judicial de la Guardia Civil, encargada de las diligencias y firmante como secretaria del juicio, también señaló en su comunicado la importancia de un testigo protegido, cuyo paradero se desconoce, y que situó a las dos personas en el lugar de los hechos de esa noche. Explicó que luego de los hechos, «un particular se comunicó con nosotros para brindarnos información sobre la investigación y vimos que muchos de los datos que nos brindó coincidían con las pistas que tenemos». Según le dijo al juez, “esa persona es un testigo protegido. Nos dijo que conocía a una persona que le dijo directamente que había cometido un delito y que se arrepentía».
«Comentó información como que el crimen se cometió a golpes y no con cuchillos y le dijo que fue a Cuzcurrita» porque la víctima «tenía mucho dinero y que lo iba a golpear». “Me habló del uso de guantes y que Guillermo conocía a uno de los perpetradores para entrar al domicilio. Todo esto corroboró lo que vi en la escena del crimen.» Además, el testigo «dijo que encontraron otro botín de 50 o 60.000 euros, pero a Guillermo sólo le quitaron 600 de la cartera». Preguntado por la Defensa, el policía destacó que «es cierto que el testigo protegido se presentó dos meses después de los hechos y había otras líneas de investigación».
El policía también explicó la posición de los teléfonos móviles y las llamadas de los dos imputados que informan del recorrido que siguieron ese día y que, al final, los sitúa en Cuzcurrita, en la zona de la casa de Guillermo, antes de pasar por la ciudad riojana de Lardero, aunque uno de ellos lo desmiente. A última hora de la tarde, además, el agente explica que uno de los teléfonos, concretamente el del ADG, ha estado apagado hasta el día siguiente. En este sentido, reflexiona, «es común que un delincuente habitual apague el teléfono para cubrirse las espaldas». Respecto al vehículo usado, indicó, “posteriormente no se encontraron rastros porque ya había sido limpiado”.
Ya la noche de los hechos, y tras la inspección visual, el agente explicó que lo primero que se vio en el apartamento de Guillermo fue que «la puerta no estaba forzada», por lo tanto, «se abrió de buena gana». Según la escena del crimen, «el primer ataque se produjo apenas flanqueó la puerta. Fue inmediato. No tuvo oportunidad de defenderse. Debió caer de cabeza y luego lo arrastraron al baño en el piso interior donde fue encontrado el cuerpo de la víctima». También cree que quienes lo hicieron «estaban preparados, con guantes, sabían lo que iban a hacer». Por todo ello, concluye, el agente asegura «que la realidad contradice las versiones de los imputados».
De ser declarados culpables, la Fiscalía pide una pena de 27 años de prisión para cada uno de los acusados, 23 por asesinato por traición y 4 años adicionales por robo domiciliario por RSE. En el caso de ADG piden 4 años y nueve meses por el delito de robo. Por su parte, la familia pide prisión permanente revisable. Además, el fiscal también solicita una pena de libertad supervisada de diez años para ambos y que compensen a los dos hijos de la víctima con 300.000 euros.
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