El Congreso aprueba la Ley de Eficiencia Judicial tras veto del Senado
El jueves, el Pleno del Congreso dio luz verde definitiva a la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia al levantar con mayoría absoluta el veto aprobado por el PP en el Senado y una vez Podemos retiró su amago de tumbarla.
Para levantar el veto impuesto por el Senado se necesitaba una mayoría absoluta en el pleno del Congreso (176 votos), pero el pasado martes Podemos aseguró que sus cuatro diputados no tenían intención de ayudar en la tarea como rechazo a la enmienda presentada a petición del PNV para agilizar los desalojos en casos de ocupación ilegal.
Pero este jueves el ultimátum de Podemos se disipó y el Gobierno reunió el apoyo de 177 diputados para levantar el veto del Senado y dar luz verde definitiva a la ley de Justicia que salió del Congreso. A cambio de su apoyo, los morados afirman que recibieron una serie de compensaciones, entre ellas el compromiso del Gobierno de suspender esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que «se coló» el PNV aprovechando el error de Bildu y ERC.
Tras la votación, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se mostró «muy satisfecho» por la aprobación de la que a su juicio es la «gran transformación» de la justicia y cree que de esta manera se sientan las bases de un sistema judicial del siglo XXI, siendo colocado con «más flexibilidad», tareas «más razonables» o «más facilidades» para el empleo, entre otras. «Hoy hemos dado un gran paso», subrayó el líder socialista.
En concreto, esta norma introduce dos líneas de actuación, una reforma organizativa para fomentar la especialización y mejorar la gestión de los recursos mediante la creación de Juzgados de Primera Instancia y la creación de Oficinas de Justicia en los municipios.
Y otra procesal, para agilizar la carga de trabajo de los juzgados y tribunales que incluye los llamados Medios Alternativos de Resolución de Controversias (AMASC) en vías no jurisdiccionales en el ámbito civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje para tratar de evitar sobrecargar los juzgados y tribunales.
FUENTE
