Directivos de SAS exigen fianza de 15.000 euros a diputados del PSOE-A por denuncias
El director general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, junto a sus antecesores Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, a través de sus abogados, han solicitado al Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla el «archivo» de la causa derivada de la denuncia admitida a trámite en el tribunal judicial correspondiente por los contratos del SAS tramitados de manera urgente entre los años 2021 y 2024. Además, piden imponer una fianza de 15.000 euros a cada uno de los 30 diputados del Grupo Socialista que firmaron la denuncia.
En un escrito dirigido al mencionado juzgado de Sevilla, la defensa de los directivos del SAS denunciados solicita el archivo de la causa como respuesta al relato incriminatorio promovido por los demandantes respecto a los contratos de salud tramitados de forma urgente por el Servicio de Salud Andaluz.
La representación de los exdirectores y del actual director del SAS solicita al tribunal mencionado que, de acuerdo a lo expuesto en el documento, archive el expediente y exija a cada uno de los demandantes una fianza de 15.000 euros en un plazo de cinco días, en base al artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para responder a las consecuencias económicas del juicio.
El documento destaca que, dos días antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia en España, el Gobierno de la Nación dictó el Real Decreto 7/2020, que permitía la justificación de situaciones de emergencia para enfrentar el Covid-19. En el ámbito andaluz, el Gobierno de Andalucía aprobó el Decreto-Ley 3/2020 para agilizar medidas de apoyo financiero y fiscal frente al Covid-19.
Además, se menciona que la autorización de tramitación de emergencia en Andalucía se prorrogó hasta la promulgación del Decreto Ley 1/2022, y se destaca que el control financiero permanente en la contratación de emergencia supuso una mejora en la supervisión de los gastos.
Se defiende que todos los procedimientos investigados contaron con resoluciones fundamentadas y aseguraron un presupuesto adecuado, cumpliendo con el debido control en su ejecución y sin constituir una pérdida injusta para el fisco. Todo se realizó en beneficio del interés general de preservar la salud de los ciudadanos durante la crisis del Covid-19.
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