Conflicto en Jujuy por minería de litio de petrolera
La empresa petrolera Tecpetrol forma parte del conglomerado italo-argentino Techint y es una gigante que se dedica a provocar conflictos entre comunidades en la provincia argentina de Jujuy, con el único objetivo de sembrar discordia y poder ingresar al lucrativo negocio del litio.
El gigante petrolero en busca de litio
Un gigante se ha establecido en Rinconadillas, una comunidad indígena de 82 familias, situada a 3200 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Puna en Jujuy. En este salar, Tecpetrol, la empresa petrolera de la multinacional Techint, tiene la intención de extraer litio.
Su objetivo principal es la Laguna de Guayatayoc, donde hasta hace poco era impensable que la minería de litio pudiera avanzar y conquistar un área habitada por 38 comunidades indígenas que han resistido durante más de 14 años la inminente llegada de las compañías mineras. El viernes 15 de noviembre, representantes de las comunidades indígenas de la cuenca presentaron sus demandas en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando la creación de zonas libres de minería.
«No estamos en contra del litio, nos preocupa el agua y el medio ambiente. Nos puede afectar mucho si hay esa actividad porque necesita mucha agua», dijo Raúl Callata, presidente de la comunidad de Rinconadillas a Mongabay Latam y elDiarioAR.
En esta región del noroeste argentino se encuentra la cuenca de Salinas Grandes, una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina, que incluye a la Laguna de Guayatayoc, el segundo espejo de agua más extenso de Jujuy. Es una cuenca compartida entre Jujuy y su vecina, la provincia de Salta.
Los ríos y arroyos que se forman en este ecosistema alimentan un humedal de altura, donde conviven desde tres clases distintas de flamencos, suris (ñandúes) y vicuñas hasta animales de pastura que las comunidades crían para su supervivencia.
Aquí, una decena de empresas buscan desarrollar trabajos de exploración en busca de litio. Su meta es satisfacer la demanda mundial de «oro blanco», un mineral clave para la transición hacia el uso de energías limpias que no beneficia hoy a Argentina ni a las comunidades de la cuenca de Salinas Grande que dijeron «No al litio» en 2010.
«La extracción de litio conlleva un impacto ambiental cuando se realiza sin el adecuado análisis acumulativo de impactos, como usos del agua, pero también un impacto en la forma de vida ancestral (cultural, social y comunitaria) de las comunidades indígenas, que cohabitan el territorio hace muchísimos años de manera colectiva. La llegada de la empresa crea un conflicto y una ruptura interna en su tejido social», afirma Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
¿Cómo logró Tecpetrol aterrizar en una zona que lleva años oponiéndose a la minería? ¿Qué hizo para convencer a una de las 38 comunidades y conseguir la licencia social? ¿Cuán paradójico es que una petrolera quiera lucrar con la extracción de un mineral usado para generar energía limpia?
La multinacional del acero
Tecpetrol es parte del grupo económico Techint, también dueño de la empresa Tenaris, uno de los principales productores de caños de acero sin costuras del mundo, destinados a la construcción de oleoductos y gasoductos para la industria fósil.
El grupo Techint es propiedad de la segunda familia más rica de Argentina, los Rocca, y es liderado por Paolo Rocca, quien ocupa el puesto 529 de los más ricos del mundo, con una fortuna de U$S 5600 millones, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes de 2024.
Tecpetrol, la división petrolera de Techint, tiene operaciones de gas y petróleo en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es el proveedor del 18% del gas que se consume en Argentina, gracias a sus explotaciones en Fortín de Piedra, en el yacimiento Vaca Muerta, la mayor reserva de gas y petróleo no convencionales del país, y entre las principales del mundo (la segunda en gas y cuarta en petróleo a nivel global).
Sin embargo, Techint, la empresa madre de Tecpetrol, carga con una mochila de antecedentes judiciales en causas de corrupción, como el caso Lava Jato en Brasil y los cuadernos de la corrupción en la obra pública en Argentina. La principal compañía del grupo, Tenaris, ha pagado multas (una de ellas de más de US $78 millones) en los Estados Unidos por dos causas distintas en las que admitió haber realizado pagos ilegales a funcionarios públicos para obtener contratos en Brasil y Uzbekistán.
En Argentina, además, sus ejecutivos admitieron haber realizado pagos ilegales a un funcionario público, pero la Justicia cerró el caso a favor de los acusados. A pesar de haber admitido pagos ilegales en al menos tres países, Techint siempre sale airoso de los tribunales, sea por acordar millonarios pagos en multas o por decisiones de jueces y fiscales.
Esta compañía de combustibles fósiles, que arrastra antecedentes judiciales de alto calibre, inició la expansión de sus inversiones en el litio en 2023, cuando adquirió el 100% de las acciones de la minera canadiense Alpha Lithium, buscando ingresar en el negocio de la transición energética. A través de la compra, la petrolera de Techint heredó los derechos de exploración y explotación en concesiones mineras en tres salares de la provincia de Salta: el Tolillar, el Salar del Hombre Muerto y Arizaro, los dos últimos en etapa de exploración.
La inversión se dio como parte del crecimiento de Argentina en el sector y de su integración al conocido “Triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile. «Actualmente generamos sólo el 5% de la producción global, si bien tenemos 24% del total de los recursos», afirmó Andrea Rocca, presidente de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol, sobre las proyecciones de Argentina de expandirse en el negocio.
Tecpetrol buscaba desembarcar en el negocio litífero desde hacía al menos tres años. En febrero de 2022, la petrolera activó una planta piloto de extracción directa de litio en Olacapato, en la Puna salteña, la provincia vecina a Jujuy.
En su sitio web señaló que su objetivo estaba dirigido a extraer litio de Jujuy: “La planta se construyó para probar la tecnología a utilizar en Guayatayoc, un salar que estamos explorando en Jujuy”. La compañía respondió a Mongabay Latam y elDiarioAR que se trata de una planta que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de litio en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua.
Tecpetrol aún no había desembarcado en la laguna ni contaba con la licencia social de las comunidades indígenas para operar en sus territorios, pero ya daba por sentado que lo lograría. De hecho, ante la consulta de estos medios en abril de 2024, confirmó en ese momento que la empresa estaba “en una etapa muy temprana, trabajando con las autoridades y las comunidades locales a fin de obtener la licencia social y ambiental”.
Se movía en territorio hostil. El grupo organizado de comunidades indígenas había impedido hasta el momento el desarrollo de la minería de litio en sus territorios. Hasta el 21 de junio de 2024, cuando la petrolera consiguió lo que se había propuesto: obtener la licencia social para operar en una porción de la cuenca, pero a costa de dividir a las comunidades, como varios de sus pobladores lo han denunciado.
La explotación del litio
El clima que esperaba a la petrolera era difícil. Desde 2010, unas 38 comunidades Kolla y Atacama se oponían a la explotación del litio en esta cuenca. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la CIDH, las mineras y los gobiernos de Salta y Jujuy han continuado con sus planes en la región. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse. Pero no le será tan fácil.
Los habitantes de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc basan su economía en el turismo comunitario, Salinas Grandes es una de las zonas más visitadas de Jujuy, el pastoreo de animales, la elaboración y venta de tejidos, así como la extracción de sal. Esto quiere decir que cualquier movimiento de mineras en la zona podría afectar directamente su economía.
“Cuando en 2010 y 2011 llegaron las empresas a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, querían comprar voluntades y hacer intervención en las comunidades”, explica Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con experiencia en la relación entre las comunidades indígenas y las mineras. Tecpetrol no fue la primera empresa que intentó entrar a explorar ese territorio.
A pesar de los esfuerzos de las empresas por convencer a los habitantes del salar y la laguna, Argento afirma que la embestida “se logró frenar justamente gracias a una veloz organización de las comunidades y con el apoyo de muchas otras personas que estuvieron presentes brindando sus conocimientos a las comunidades”. Se refiere a científicos y abogadas independientes, así como a ONG ambientalistas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
La unidad era total. Las comunidades presentaron en diciembre de 2015 el Kachi Yupi o “Huellas de la Sal”, y lo definieron como el primer protocolo biocultural comunitario de Argentina. El documento identifica a las comunidades, relata su historia y forma de vida, y se explaya sobre el derecho al agua.
El Kachi Yupi plantea que las autoridades deben garantizar la participación indígena, la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado, para cualquier actividad económica en sus territorios ancestrales, que incluyen a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a sus ganados, a lo que definieron como “la Pacha”, sus costumbres y creencias. “En síntesis: toda nuestra vida”, afirmaron las comunidades en el documento conjunto.
Esta declaración también sostiene que cada vez que se pretenda aprobar una medida legislativa o administrativa que afecte a las comunidades, las autoridades deberían presentarla ante la Asamblea General de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, que reúne a todas las asambleas indígenas que gobiernan cada una de las comunidades.
Ninguna de ellas podía decidir por su cuenta. El Kachi Yupi establece que la decisión es conjunta porque cada medida que tome una de las comunidades puede afectar a toda la cuenca y por ende, a cada uno de los territorios. “Hacer lo contrario es una traición, lisa y llana”, sostuvo Argento.
Las comunidades indígenas en la mira
En 2023, la unidad se quebró. La ausencia del Estado de la provincia de Jujuy, como denuncian las comunidades, la crisis económica y el lobby de las empresas fue mermando en algunas de estas sociedades aisladas y vulnerables. Dos petroleras que pretendían buscar litio en las salinas desembarcaron en la cuenca. La primera fue Pluspetrol, de la mano de su división minera, Litica. La segunda fue Pan American Energy (PAE), con su minera Lithos (actualmente denominada Lithion Energy).
Ambas petroleras consiguieron romper los acuerdos del Kachi Yupi y convencer a tres comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, alejada de la capital jujeña, para comenzar la búsqueda de litio en Salinas Grandes. Pluspetrol se instaló en Sausalito, Quera y Agua Caliente, y PAE en Lipán. Lo hicieron a través de promesas de trabajo y sustituyendo al Estado de la provincia de Jujuy, ausente en todos los aspectos de la vida de la población indígena: salud, educación, trabajo, bienestar social e infraestructura, según pudo corroborar el equipo periodístico en la zona.
La petrolera PAE, por ejemplo, logró que una parte de la población de Lipán se abriera del bloque de comunidades de la cuenca y acordara con las empresas por separado, sin respetar el acuerdo que habían realizado. Es decir, rompió con lo que manda el Kachi Yupi.
La siguiente grieta entre las comunidades sería abierta por una tercera petrolera, Tecpetrol. Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, ubicado en el departamento Tumbaya, a 3600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi, de 5896 metros de altura. Flores es uno de los defensores ambientales de este territorio.
“Estamos más complicados que antes porque las empresas ahora tienen más apoyo del Estado provincial y nacional. Tienen más libertad y acciones en las comunidades. Nosotros no estamos hablando de litio, estamos hablando del agua”, dijo Flores a Mongabay Latam y elDiarioAR en junio. “Nos quitan toda el agua de la Puna”.
Flores asegura que las empresas hacen un “trabajo político” junto al Gobierno. También plantea que existen distintas formas de actividad económica en la zona que no dañan el ambiente ni ponen en riesgo la provisión de agua dulce en la región y que no son incentivadas por el Estado, en alusión a la ganadería, el turismo, la venta de tejidos y sal.
—¿Cómo sigue la pelea de las comunidades en este contexto?, preguntamos.
—No te puedo contar la estrategia. No sé si me estás preguntando eso para nosotros o para decírselo a las empresas. Perdóname pero hoy dudamos de todo. Estamos tan preocupados por todo.
En la Puna, donde el viento hace mella, la desconfianza erosiona todo a su paso.
Verónica Chávez es dirigente de la comunidad Santuario Tres Pozos, también en la cuenca. Mientras se aprestaba para exponer ante la asamblea de la CIDH, dijo a Mongabay y elDiarioAR: “Lo que no queremos es que la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sea saqueada. Queremos que nuestros nietos sigan tomando agua pura y respirando aire limpio, que sigan viendo esos hermosos cerros, ese salar y esa laguna”.
“Este paisaje es visitado por el mundo y queremos que nos ayuden a proteger esa hermosa cuenca y el territorio a lo ancho y largo de la provincia de Jujuy”, afirmó Chávez. “La decisión de una comunidad o de parte de una comunidad puede perjudicar a todas las comunidades, por eso vamos a seguir luchando colectivamente”, agregó la dirigente indígena. Chávez aseguró que “las empresas y el gobierno de Jujuy están entrando en el territorio con mucha división, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a bajar los brazos”. “No pierdo las esperanzas”, dijo.
La llegada de Tecpetrol “puede aumentar el conflicto social interno, la judicialización y eventualmente podría haber decisiones que suspendan la aprobación de la actividad en la zona, que no se adecua a los estándares internacionales”, sostiene Pía Marchegiani
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