La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a un año de prisión y a la demolición de la construcción ilegal a un individuo, como autor responsable de un delito contra la ordenación del territorio en el municipio de Ávila, Hoyocasero, restituyendo así el lugar a su estado original.
Además, la sentencia incluye la inhabilitación especial para ejercer el derecho de voto de forma pasiva durante la duración de la pena, una multa de doce meses con una contribución diaria de seis euros, y la pena de inhabilitación especial para la profesión u oficio relacionado con la promoción y construcción de bienes inmuebles por un año.
Los hechos ocurrieron cuando el acusado, propietario de un terreno en la localidad de Hoyocasero en Ávila, aprovechando una licencia de obra concedida por el ayuntamiento para la ampliación de una nave de maquinaria, promovió y llevó a cabo la construcción de un nuevo edificio destinado a uso residencial, sabiendo que dicho uso no estaba autorizado y que estaba prohibido al tratarse de suelo urbanizable.
La licencia también fue concedida por un segundo acusado, padre del primero, quien en ese momento era alcalde del Ayuntamiento de Hoyocasero.
La edificación se encuentra en una zona diferente del terreno, alejada de donde se encontraba un pequeño almacén original, y es una nueva construcción aislada con todas las características de una vivienda residencial, según la decisión judicial.
En febrero de 2018, el Ayuntamiento de Hoyocasero recibió una denuncia anónima sobre la construcción de esta vivienda sin las autorizaciones correspondientes, acompañada de una fotografía.
Ante la denuncia, uno de los acusados, quien sabía que su hijo estaba realizando la obra en cuestión, decidió informar a los concejales que la obra tenía licencia, cuando en realidad no era así, lo que llevó a su acusación por incumplimiento de deberes.
Por estos hechos, el padre del primer acusado también fue condenado por un delito de prevaricación urbanística, recibiendo una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo público, un año por ejercicio pasivo del derecho de voto, seis meses de prisión y una multa diaria de seis euros por doce meses.
