El Gobierno de Nicaragua anunció hoy que revocó la personalidad jurídica de 1.500 organizaciones no gubernamentales por presunta falta de transparencia en sus operaciones, en medio de una serie de acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega contra dichos grupos, a los que acusa de financiar a sus oponentes.
La medida fue publicada hoy en el diario oficial La Gaceta, pocos días después de que el Gobierno anunciara que implementaría reformas en la ley para eliminar exenciones tributarias a las ONG y exigir autorización previa de las autoridades para sus proyectos.
Una resolución del Ministerio del Interior señala que estas organizaciones «no cumplieron con sus obligaciones al no reportar por períodos de uno a 35 años sus Estados Financieros por períodos fiscales, con el detalle de ingresos y gastos, el balance de comprobación, el detalle de las donaciones y sus juntas directivas».
Desde la crisis de 2018, donde más de 362 personas perdieron la vida en protestas antigubernamentales según grupos de derechos humanos, el gobierno de Ortega ha inhabilitado a más de 5.000 ONG, universidades privadas y medios de comunicación, y ha expulsado y encarcelado a opositores.
Además, el Ministerio del Interior decidió transferir, en nombre del Estado, los bienes de las 1.500 ONG, que fueron enumeradas una a una y entre las cuales se encuentran varias organizaciones religiosas, católicas y protestantes.
En los últimos años, las autoridades nicaragüenses han cerrado medios de comunicación, colegios y universidades católicas, como parte de una ola de acciones que organismos de derechos humanos han catalogado como persecución contra la Iglesia.
