Bildu y Gobierno pactan fin de pelotas de goma y devoluciones calientes
El Grupo Parlamentario de Bildu en el Congreso ha acordado con el Gobierno de coalición reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para poner fin al uso actual de pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, eliminar la «discrecionalidad» en la imposición de sanciones administrativas por irrespeto a la autoridad e insubordinación, y también introducir una reforma de la Ley de Inmigración para acabar con el llamado «giro en caliente» de inmigrantes en la frontera.
La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, anunció en rueda de prensa que esta reforma significará el fin de la «ley mordaza», como se conoció la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP. El nuevo texto legislativo recoge los acuerdos y avances logrados entre PSOE, PNV y Unidas Podemos en la anterior legislatura, que no contaron con el apoyo de Bildu y ERC por considerarlos insuficientes.
Aizpurua se alegra de haber alcanzado un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos en los temas pendientes. Con este acuerdo se desbloquea la situación y se garantiza que la gran asignatura pendiente, el fin de la Ley Mordaza, se haga realidad, enfatizó.
La nueva ley acabará con la «discrecionalidad» en las sanciones por irrespeto a la autoridad e insubordinación, las más impuestas desde 2015, como señaló el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu. A partir de ahora, estas sanciones deben ser objetivas y justificadas, acabando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión, afirmó Aizpurua. Sólo podrán castigarse «las injurias o calumnias» que no constituyan delito pero sean «expresiones relevantes».
El pacto de Bildu con PSOE y Unidas Podemos incluye también la sustitución progresiva de las pelotas de goma por otros medios menos nocivos. Respecto a las «devoluciones en caliente», los tres grupos coincidieron en que en un plazo máximo de seis meses se debería incluir una nueva disposición adicional de la Ley de Extranjería que establezca como criterios la observancia y aplicación de las normas de derechos humanos y protección internacional en la política de inmigración. Se establecerá el acceso y valoración de las solicitudes de protección antes del posible proceso de expulsión.
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