El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó la propuesta de BComú para estudiar las herramientas necesarias para ampliar las calificaciones de las viviendas de protección oficial, con el apoyo del gobierno municipal (PSC), BComú y Junts, la abstención de ERC y los votos en contra de PP y Vox.
Janet Sanz, líder de BComú, resaltó la «oportunidad» que presenta esta medida ante la situación de emergencia en la vivienda y lamentó la abstención de los republicanos en este sentido.
La propuesta incluye seguir desarrollando el convenio «ESAL», firmado por el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau en alianza con diversas entidades cooperativas de vivienda para la creación de 1.000 pisos en la ciudad, compromiso del gobierno municipal.
«Necesitamos de todos los sectores, también de las cooperativas. Es un buen momento para volver a trabajar», afirmó Laia Bonet, primera teniente de alcalde, quien indicó que se debería estudiar la retroactividad de la medida si se va a aplicar definitivamente.
La concejala de Junts, María del Carmen Lleó, recordó a Sanz que en la lucha por la vivienda «no todo empieza en 2019», sino también bajo la alcaldía de Xavier Trias, y destacó que desde su formación le consideran imprescindible en áreas para avanzar hacia un parque de viviendas asequibles.
Por su parte, la asesora de ERC, Eva Baró, aseguró que los republicanos comparten «ampliamente» el diagnóstico del BComú, aunque duda de que se puedan conseguir hechos como la retroactividad.
La portavoz del PP, Àngels Esteller, reprochó a Sanz que las políticas seguidas por su partido cuando ocuparon la alcaldía sean «la causa de la grave situación» que sufre la vivienda en Barcelona.
Finalmente, el portavoz de Vox, Liberto Senderos, pidió devolver la «libertad de comercio» a los barceloneses, porque en su opinión Barcelona no debería funcionar así en materia de vivienda.
