Atalaya rechaza el uso social del edificio ocupado en Vallecas ante el juez
La representación legal del centro conocido como La Atalaya de Puente de Vallecas defendió ante el Juez de Instrucción número 35 de Madrid el uso social del edificio okupado hace más de diez años debido al abandono de las instalaciones de un antiguo instituto, en contra de la acusación de usurpación del Instituto Madrileño de la Vivienda (IVIMA).
El centro social, ubicado en la calle Puerto de Milagro número 2, fue desalojado el pasado 26 de noviembre sin previo aviso. Durante la intervención policial, cuatro personas que se encontraban en el centro en ese momento fueron detenidas, donde se encontraban una biblioteca, una ludoteca, un rocódromo, una despensa social, entre otros espacios.
A solicitud del IVIMA, los detenidos comparecieron este martes en los juzgados de instrucción de Madrid. El abogado solicitó una multa de 4 meses y diez euros por un delito leve de usurpación.
Durante la vista, el abogado del centro, Erlatz Ibarrondo, se defendió de las acusaciones del IVIMA, argumentando que si se hubiera buscado un uso social para las instalaciones, el edificio no habría estado abandonado durante años.
«Atalaya era el pulmón social de este barrio», afirmó el abogado defensor después de la audiencia oral, en la que varios vecinos de la Asamblea que formaba parte del centro social se presentaron como testigos.
Los usuarios del centro sostienen que no se trata de una ocupación de vivienda, sino de un centro con múltiples actividades sociales. Durante la pandemia, por ejemplo, se repartieron alimentos a los residentes necesitados del barrio.
Después del desalojo, según los vecinos, un grupo de trabajadores derribó los tabiques del centro, rompió cristales y levantó el suelo para dejarlo inutilizable.
El centro era un antiguo instituto en desuso que fue ocupado y convertido en centro social hace una década, en diciembre de 2014, donde se realizaban tertulias, conciertos, un rocódromo y talleres.
Hasta noviembre pasado, hubo varios intentos de desalojo, pero nunca se llevaron a cabo. En 2016, IVIMA demandó a varias personas, pero el proceso legal fue prescrito.
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