La asamblea de Ecuador aprobó el lunes endurecer las penas para ciertos delitos y simplificar los procedimientos para que los activos obtenidos ilegalmente pasen a estar bajo control estatal, parte de propuestas respaldadas en gran medida por los ciudadanos en una consulta popular en abril.
Con el voto de los 132 legisladores presentes, el legislativo dio paso a reformas al Código Orgánico Integral Penal que aumentan las penas para 13 delitos relacionados en particular con la actividad de bandas criminales.
Desde principios de 2021, Ecuador ha experimentado una ola de violencia que, según las autoridades, es causada por grupos narcotraficantes locales vinculados a cárteles de Colombia y México.
Entre las reformas aprobadas por los legisladores se encuentran el aumento de las penas por el delito de terrorismo, que se elevó de 10 a 26 años de prisión; financiación de actividades terroristas, que pasó de 22 a 26 años de prisión; el narcotráfico, que aumentó de 13 a 26 años, y el secuestro, que aumentó de 22 a 26 años de prisión.
La pena para los asesinos aumentó de 26 a 30 años, y la del crimen organizado de 22 a 26 años.
Según las autoridades, en 2023 las muertes violentas sumaron 7.600, una tasa de 40 por 100.000 habitantes -una de las más altas del continente- provocada en gran medida por el enfrentamiento entre bandas que buscan el control de las zonas de distribución de drogas o de sus rutas de exportación.
Respecto al decomiso de los derechos de propiedad de personas dedicadas a actividades ilícitas, los legisladores determinaron que ya no será necesaria una orden judicial para iniciar la transferencia de esos bienes al Estado, además de simplificar y acortar los plazos para este proceso.
Tras la aprobación por la Asamblea, el texto pasará al Ejecutivo, quien tiene 30 días para aprobarlo, rechazarlo o modificarlo.
