ANPIER motiva a Sara Aagesen a superar desafíos en transición energética.
AMPERIO fue fundada en 2010 como una asociación a nivel estatal y sin ánimo de lucro, con el fin de representar y defender los intereses de los pequeños y medianos productores de energía solar fotovoltaica, y representa a 65,000 familias. Su principal objetivo es garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria en el sector de las energías renovables, restaurar los derechos del sector de producción fotovoltaica, avanzar, mejorar y proteger nuevamente al sector de posibles cambios regulatorios perjudiciales.
ANPIER, la Asociación Nacional de Fabricantes Fotovoltaicos, considera que el nombramiento de Sara Aagesen como nueva Ministra de Transición Ecológica representa una oportunidad para que el sector se dirija a Sara Aagesen de manera urgente.
Esta organización cree que la nueva Ministra tiene los conocimientos y la solvencia suficientes para enfrentar los interesantes y complicados desafíos que encontrará en su cartera ministerial, y les desea éxito en la resolución de problemas trascendentales para la economía, la sociedad y los ecosistemas de nuestro país. Entre los temas actuales que se pueden encontrar, AMPERIO enfatiza.
Primero: no ha habido avances sustanciales en el proceso de electrificación. El objetivo final de la transición ecológica es electrificar el consumo de energía, utilizando fuentes renovables, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La disponibilidad de energías renovables es una premisa necesaria, pero no suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos. El aumento en la generación renovable es una realidad, mientras que la demanda de esta producción sigue siendo una ilusión y pronósticos no verificados basados en supuestos de incrementos que pueden no haber sido realistas.
Los pioneros de las energías renovables en España sufren una situación que debe resolverse
Segundo: los pioneros de las energías renovables en España sufren una situación que debe resolverse. España movilizó, principalmente en los años 2007-2008, capital privado para que nuestro país pudiera cumplir con los objetivos establecidos por la UE de alcanzar el 20% de generación renovable en 2020, y con ello, madurar las fuentes de generación indispensables para la descarbonización. A pesar de que el proceso fue un éxito, con precios de electricidad muy bajos y una mayor limpieza, los inversores se vieron afectados por recortes retroactivos que redujeron sus ingresos hasta en un 45% de los beneficios fijados por el Estado en el BOE.
Sin embargo, los inversores internacionales no consideraron prudente recurrir a la justicia española, mientras que los ciudadanos tuvieron que hacerlo y perdieron la posibilidad de reparación ante los argumentos del Estado que no fueron aceptables para el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial en Washington, donde obtuvieron fallos favorables que obligaron al Estado español a indemnizarles por los daños sufridos debido a los cambios normativos retroactivos.
