La Comisión Mixta del Concierto Económico ha acordado la senda de estabilidad presupuestaria 2024-2027, con un déficit del 0,3% para el Gobierno Vasco y del 0,1% para las diputaciones forales, así como una deuda pública del 13% para el Ejecutivo autonómico, según informaron las cuatro instituciones vascas.
En la reunión de la Comisión Mixta celebrada este lunes, participaron los ministros de Hacienda y la ministra de Gobernación, Administración Digital y Autonomía, Noël d’Anjou y María Ubarretxena, respectivamente, junto con los tres diputados generales, Ramiro González, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza, así como representantes del Gobierno del Estado encabezados por la Primera Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entre otros.
En la reunión se adoptaron por unanimidad 13 acuerdos en tres grandes ámbitos, que incluyen la modificación del Concierto Económico para «incrementar la autonomía económica y financiera» de Euskadi, la participación de Euskadi en diversas dotaciones extraordinarias en el ámbito de la educación por un total importe de más de 50 millones de euros, y establecer la ruta de estabilidad presupuestaria de las instituciones vascas hasta 2027, «incorporando permanentemente sus propios objetivos de déficit».
En concreto, la senda de estabilidad presupuestaria prevé un déficit del 0,3% para el Gobierno Vasco y del 0,1% para las diputaciones forales, así como una deuda pública del 13% para el Ejecutivo de Euskadi.
Según explican desde el Gobierno y las consejerías, «estas cifras están en línea con lo previsto por las instituciones vascas para la elaboración de los presupuestos de 2025 y cubren las cantidades previstas para su diseño».
Los acuerdos también incluyen la creación de tres nuevos impuestos: el Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, y el Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de tributación a las multinacionales y grandes grupos internos (la llamada directiva del «segundo pilar»).
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