Absolución de todos los acusados en el «macrotjuicio» por fraude en Valladolid
El «macrojuicio» por estafa que tuvo lugar en Valladolid, el segundo por número de «inquilinos» bancarios en la historia judicial de la ciudad, finalizó con la absolución de todos los aproximadamente sesenta acusados debido a la anulación de la sentencia del Tribunal de Apelación número 1 que permitió la verificación de las cuentas de los demandados.
La decisión de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, a la cual Europa Press tuvo acceso a través de fuentes jurídicas, no solo beneficia a los 59 imputados que acudieron al juicio, sino también a los otros 33 que fueron sobreseídos al comienzo de la vista pública de acusaciones y sentencias privadas debido al reconocimiento de la autoría de los hechos.
En su argumentación, el tribunal tuvo en cuenta las razones de los abogados de los 59 imputados que se negaron a aceptar la sentencia y que durante el juicio insistieron en solicitar la anulación de la sentencia del Juzgado 1, de 8 de abril de 2016, que autorizó a la Brigada de Delitos Económicos a acceder a las cuentas de los acusados, lo que representa «una violación particularmente grave del derecho a la vida privada que se extiende no solo a todos los documentos que quedan en libertad como consecuencia de los oficios y oficios que se acuerdan dictar en dicha decisión, sino también en todos los procedimientos que se lleven a cabo posteriormente», afirma el tribunal, que incluye, insiste, en esta absolución a quienes en el juicio anterior se declararon culpables.
Inicialmente en la causa había 63 imputados, a quienes se les imputó un delito continuado de falsificación en el concurso mediático con el delito de falsificación de documentos, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
En general, el proceso judicial investigó a un grupo criminal, liderado por cuatro de los imputados, que presuntamente accedió a realizar una serie de operaciones consistentes en solicitar y obtener préstamos de diversas entidades bancarias, a través de terceros, justificando una solvencia económica que no reflejaba realidad, para la compra y venta de vehículos usados en general.
Estos terceros, como pago por su intervención, habrían recibido parte del dinero, y el resto se lo habría embolsado el grupo formado por los dirigentes.
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