El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una propuesta de ley para enmendar la Ley de Finanzas de Aragón con el objetivo de que los presupuestos para la comunidad autónoma incluyan de manera «obligatoria» una memoria con el plan de infraestructura educativa.
La propuesta de VOX plantea la incorporación de una nueva sección en las normas de elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, en la que se establece la obligación de incluir una memoria con el plan de infraestructura educativa plurianual, con un horizonte mínimo de tres años.
Este plan debe contemplar, entre otras cosas, la construcción de nuevos centros educativos, la ampliación y reforma de los existentes, así como la rehabilitación y construcción de cocinas «in situ» que han sido objeto de discusión parlamentaria, según explicó el parlamentario de Vox, Fermă Cíviac.
Como se menciona en la exposición de motivos de la propuesta de ley, para Vox «la educación es uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el desarrollo y el progreso de cualquier sociedad».
En el contexto aragonés, la garantía de contar con infraestructuras educativas adecuadas es crucial para asegurar la calidad del sistema educativo, el bienestar de los estudiantes y docentes, así como el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades y cohesión social.
No obstante, la falta de una planificación «clara, transparente y plurianual» en este ámbito ha dado lugar en ocasiones a una gestión ineficiente de los recursos públicos, además de la ausencia de una adecuada priorización de las inversiones que respondan a las necesidades reales del territorio.
Esta iniciativa de VOX se fundamenta en tres principios fundamentales que deben regir la gestión de los recursos públicos: transparencia, racionalización de gastos y priorización de inversiones.
En primer lugar, la inclusión de una memoria plurianual permitirá a los ciudadanos y a los representantes parlamentarios conocer en detalle las acciones planificadas, los plazos y los recursos asignados.
Esto contribuirá a fortalecer la responsabilidad y la confianza en las instituciones públicas. La transparencia no solo es un derecho de los aragoneses, sino también una herramienta indispensable para garantizar la legitimidad de las decisiones tomadas en el ámbito educativo.
Además, la elaboración de un plan a medio plazo facilitará la racionalización de los gastos públicos, evitando la improvisación y permitiendo una asignación más eficiente de los recursos. De esta manera, se optimizan los elementos presupuestarios y se reduce el riesgo de duplicidades o inversiones poco efectivas.
Este enfoque cobra relevancia en un contexto de limitaciones económicas, donde cada euro invertido debe cumplir con los criterios de servicios públicos y sostenibilidad.
Por último, la propuesta subraya la importancia de priorizar las inversiones en función de las necesidades reales del sistema educativo aragonés, identificando las áreas con mayores deficiencias y atendiendo a las demandas derivadas del crecimiento demográfico o la obsolescencia de los centros existentes, para garantizar que las acciones estén alineadas con los objetivos estratégicos de la región.
Solo a través de una priorización rigurosa será posible avanzar hacia un modelo educativo moderno, accesible y adaptado a los desafíos actuales.
En definitiva, para VOX, la inclusión de esta nueva sección en el Artículo 33 del texto consolidado de la Ley de Finanzas de Aragón «supone un paso adelante en la mejora de la gestión pública», además de ser una medida para salvaguardar los intereses aragoneses y garantizar una educación de calidad.
