TSJA advierte al alcalde de Carboneras de multas por El Algarrobico en Almería.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitó al Ayuntamiento de Carboneras una serie de cambios en el plan urbanístico al entender que, a juzgar por la documentación que aportó, no se respetó la decisión de declararlo «no urbanizable». Se trata de los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, donde se ubica el polémico hotel Azata, por lo que advierte expresamente al primer alcalde, Salvador Hernández (CS), de multas coercitivas.
En una decisión, consultada por Europa Press, la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Granada prevé la emisión de una carta «urgente» dirigida al alcalde para acometer actuaciones y cambios en el plan general del municipio de acuerdo con las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de Andalucía, así lo reivindicaron en el informe técnico municipal remitido el pasado mes de agosto.
En su resolución, la jueza María del Mar Jiménez Morera también ordena al alcalde informar «cada diez días» a la Sala las acciones que está realizando para dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas para formar los sectores ST-1 y ST. -2 como no urbanizable para cumplir con la decisión.
En este sentido, se advierte expresamente a Hernández de que «de comprobarse alguna dilación indebida» sería objeto de «multas coercitivas» con la posibilidad incluso de declarar ante las autoridades judiciales «si fuera necesario exigir responsabilidad penal de cualquier tipo».
El juzgado ya ha advertido en anteriores ocasiones al alcalde de Carboneras con la imposición de multas personales así como la posibilidad de acudir a la Fiscalía si no realizaba las actuaciones necesarias para declarar ambas zonas suburbanizadas en base a las sentencias.
En este caso, hace algunos puntos concretos sobre la ordenanza que han señalado la organización ecologista y la Junta de Andalucía, entre ellos, la necesidad de eliminar la inclusión de «El Canaillar» como suelo urbano urbanizable, así como varias menciones en este aspecto.
Asimismo, también resulta de interés la «publicación» de la normativa urbanística «corregida» en ejecución de sentencia; una de las principales cuestiones que interesa a los demandantes después de que el Ayuntamiento se limitara a llevar el contenido de la decisión a los instrumentos técnicos de planificación sin necesidad de publicar los cambios en los correspondientes boletines oficiales.
Para Greenpeace, «el desacato a la justicia por parte del alcalde de Carboneras no tiene precedentes», ya que se cumplen ocho años de la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, que ordenó la desclasificación del suelo como urbano.
«Creemos que se debe abrir una investigación penal por el delito de desobediencia civil», dijo Inés Díez, abogada de la organización, ante la falta de avances para proceder con la demolición del hotel.
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