Tareas urgentes del nuevo CGPJ: cubrir vacantes en el Tribunal Supremo y TSJ.

La gestión judicial acumula 94 vacantes, de las cuales 25 corresponden a un TS saturado.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá entre sus tareas más urgentes cubrir las 25 plazas vacantes de magistrados que acumula el Tribunal Supremo (TS) -lo que se traduce en el 30% de su plantilla- y los 38 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) considerando la imposibilidad del órgano de gobierno de jueces a partir de 2021 de realizar nombramientos con el mandato vencido.
La ley encomienda al CGPJ diversas funciones, desde dirigir la administración de justicia hasta defender la independencia del poder judicial, pasando por la gobernanza de los recursos humanos, tarea en la que destaca su competencia para realizar nombramientos, algunos regulados, otros discrecionales, con el objetivo de llenar los vacíos que dejan en los distintos juzgados y tribunales los jueces y magistrados.
El CGPJ saliente, pese a estar en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 y desde entonces perder cinco vocales -dos por jubilación, dos por dimisión y uno por fallecimiento- pudo seguir trabajando, salvo en lo que se refiere a nombramientos discrecionales en la gestión judicial porque el La reforma de la Ley Orgánica de Justicia (LOPJ) impulsada por el Gobierno y aprobada en marzo de 2021 prohíbe a un Consejo caducado realizar estos nombramientos.
La modificación legal -diseñada por Moncloa como medida de presión al PP para que aceptara la renovación del CGPJ- supuso que las vacantes aparecidas en los altos tribunales durante estos tres años quedaran sin cubrir.
Sus efectos, en palabras del dimitido Carlos Lesmes, fueron «devastadores». Hasta la fecha hay 94 vacantes, la mayoría en los tribunales superiores de justicia, que suman hasta 38 vacantes, más otras 30 en las audiencias provinciales y 1 en la Audiencia Nacional.
Especialmente preocupante es la situación de TS, donde ya hay 25 vacantes, lo que representa casi el 30% de su plantilla. Las salas más afectadas son la Militar, la Social y lo Contencioso-Administrativo, siendo estas dos últimas las que reúnen la mayor parte de las reclamaciones relacionadas con las restricciones por la pandemia de coronavirus.
«El daño es tan grande que no se ha producido una situación similar en la cúpula del poder judicial español en toda la historia de nuestra democracia, con efectos negativos que se van extendiendo paulatinamente a toda la organización judicial», denunció Lesmes en su último discurso inaugural del curso judicial, el de 2022, un mes antes de dimitir.
Tras la marcha de Lesmes, el vocal Rafael Mozo asumió la presidencia interina del CGPJ, pero no la del Tribunal Supremo, que quedó en manos del juez Francisco Marín, produciéndose una bicefalia sin precedentes.
Hasta su jubilación en julio de 2023, Mozo también abogó por la renovación del CGPJ. Es más, en su último día instó a las fuerzas políticas a renovar el organismo. Su puesto como presidente en funciones recayó en Vicente Guilarte, quien intentó impulsar la renovación e incluso presentó propuestas al Congreso y al Senado para evitar futuros estancamientos.
Una vez constituido el nuevo CGPJ, el proceso para ultimar los nombramientos pendientes del TS podría durar varios meses, y una vez hecho, habría que sumar muchos más hasta resolver los expedientes en sus distintas salas -algunas de las cuales han visto su trabajo más que duplicado- debido a la pandemia – a solucionar recuperando el ritmo de trabajo habitual.
En este sentido, las fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press señalan que la entrada simultánea de 25 magistrados podría provocar cambios bruscos de jurisprudencia en las salas afectadas. En este sentido, explican que es normal que los recién llegados tengan tiempo para asimilar la doctrina establecida antes de que puedan provocar un cambio que ahora sería factible.
Entre las tareas del futuro CGPJ estará la redacción de los informes preceptivos del proyecto de Leyes de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que propone quitar la persecución penal a los jueces y dársela a los fiscales.