Sumar quiere prohibir las subvenciones y los contratos públicos a las empresas que operan en los territorios ocupados de Palestina y el Sahara
Hoy, Sumar presenta un proyecto de ley en el Congreso para regular las relaciones comerciales y económicas en territorios militarmente ocupados como Palestina y el Sáhara Occidental. De esta forma, propone impedir que las empresas que operan en estas zonas, por ejemplo, participen en licitaciones públicas o reciban subvenciones de la administración pública.
La iniciativa, según explicó el socio minoritario de la coalición gubernamental, pretende seguir la vía del reconocimiento del Estado palestino y pretende garantizar que las empresas no participen en «violaciones» del derecho internacional y que «se aprovechen del dinero público».
Evoca también la petición que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, envió recientemente a empresas españolas en Israel para informarle de las medidas que estaban tomando para garantizar que su actividad no contribuía al «genocidio» en Gaza.
El texto del grupo multinacional, al que tuvo acceso Europa Press, alude a Palestina como un caso paradigmático con resoluciones de Naciones Unidas que piden a Israel que ponga fin a su anexión de territorio y ocupaciones en la zona palestina calificadas de ilegales tanto por la ONU como por otros. organismos internacionales.
Sin embargo, señala que el problema de las «actividades comerciales» llevadas a cabo en territorios «ocupados ilegalmente» se extiende también al caso del Sáhara Occidental, Crimea o Chipre, donde resoluciones de la ONU y decisiones judiciales también han reafirmado la necesidad de respetar el derecho internacional y garantizar la integridad territorial de los estados afectados.
En el caso saharaui, Sumar lamenta que, a pesar de las sentencias dictadas al respecto, España siga «participando en relaciones comerciales de diversa índole con empresas que explotan ilegalmente recursos o productos que proceden o se fabrican en esos territorios ocupados, incluidos sus territorios». aguas.
En este sentido, el texto del socio minoritario de la coalición subraya la obligación de España de «evitar la complicidad» con la violación de los Derechos Humanos, deber que se extiende también a las empresas transnacionales, tal y como prevé la ONU.
En concreto, cita el documento Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que en su disposición séptima advierte que en zonas de conflicto el riesgo de violaciones de derechos humanos es mayor y que las empresas que «operan en tales contextos» no pueden ser asociadas a estos abusos. y deben tomar medidas para mitigarlos en el curso de sus negocios.
Por ello, Sumar sostiene que es hora de establecer medidas legales concretas que garanticen el cumplimiento del derecho internacional e involucren al sector público para que cese la actividad con empresas que hacen negocios en territorios ocupados ilegalmente.
De este modo, aboga por el establecimiento de sanciones a las empresas que importen y exporten productos elaborados y recursos obtenidos en los territorios ocupados, incluyendo como definición de contrabando (con penas de entre cinco y diez años) la comercialización de productos obtenidos de territorios ocupados ilegalmente. territorios.
Por otro lado, Sumar quiere que el sector público se implique y garantice que las corporaciones con actividad económica en estos ámbitos no obtengan contratos públicos ni subvenciones, ni opten por firmar acuerdos de colaboración con la administración.
En concreto, para determinar este punto se determina la empresa que aparece en las resoluciones o listas publicadas por Naciones Unidas de empresas involucradas, directa o indirectamente, en actividades comerciales o económicas en asentamientos ilegales.
Este requisito también aparece como principio básico cuando la administración pública impide a una empresa recibir ayudas públicas.
En la elaboración de esta ley han participado los diputados Enrique Santiago (IU), Txema Guijarro (Sumar) y Tesh Sidi, parlamentario de Más Madrid y de origen saharaui y que consideran estas medidas coherentes con el reciente reconocimiento del Estado palestino a lograr una forma de comercio más ética y evitar que Marruecos o Israel se beneficien de los territorios ocupados.
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